El combate a la extracción y venta ilegal en el Estado de México continúa con nuevos operativos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció el inicio de acciones para combatir combatir esta práctica en múltiples municipios. Este esfuerzo coordinado involucra a múltiples instituciones federales, estatales y municipales, y busca interrumpir las cadenas de comercio ilícito que agravan la crisis hídrica en la región.
¿Cómo Funcionará el Operativo para combatir la venta ilegal de agua en EDOMEX?
La estrategia se activó desde las primeras horas del viernes 24 de octubre, con despliegues operativos simultáneos en 48 municipios del Estado de México. Estas acciones se centran en combatir la extracción ilegal, la sobreexplotación, la distribución no autorizada, el acaparamiento y la venta ilícita del recurso hídrico.
El operativo se basa en expedientes de investigación de la FGJEM y denuncias ciudadanas, asegurando que no interfiera con la infraestructura oficial de abastecimiento. En caso de cualquier afectación temporal en la distribución de agua potable, el gobierno del Estado de México, a través de la CAEM y en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, implementará un plan de contingencia para garantizar el suministro a la población.
Con el fin de interrumpir la cadena del comercio ilícito del agua, desde las primeras horas de este viernes comenzó la Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua.
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 24, 2025
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Imágenes y videos difundidos por la FGJEM muestran a fuerzas de seguridad asegurando sitios clandestinos, como pozos, pipas y instalaciones de almacenamiento, con carteles que indican la intervención oficial para prevenir el uso ilegal.
Impactos de la Venta Ilegal de Agua en los Ciudadanos
La práctica del “huachicoleo” del agua, como se conoce coloquialmente a la extracción y venta ilegal, genera graves consecuencias para los habitantes del EDOMEX. Según reportes oficiales y análisis de medios especializados, esta actividad contribuye a la sobreexplotación de acuíferos, lo que acelera la escasez del recurso y afecta la disponibilidad sostenible para generaciones futuras.
En municipios como Ecatepec, los vecinos se ven obligados a pagar hasta 200 pesos por mil litros de agua extraída de tomas clandestinas, operadas por grupos organizados, lo que eleva los costos familiares y fomenta la desigualdad en el acceso al agua potable.
Además, el saqueo generalizado de agua, a menudo realizado por organizaciones disfrazadas de sindicatos, interfiere con el suministro oficial, provocando interrupciones en el servicio y obligando a las autoridades a implementar operativos para restaurar el orden.
Estas prácticas no solo encarecen el acceso al agua para los ciudadanos, sino que también dañan el medio ambiente al tomar recursos subterráneos sin control.