El Congreso capitalino solicitó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), que en su carácter de organismo coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, supervise y evalúe las actividades de asistencia del Nacional Monte de Piedad.
Lo anterior, con el fin de verificar la correspondencia entre los beneficios fiscales que recibe y el cumplimiento de su objeto social, ante las denuncias por irregularidades laborales y uso ineficiente de recursos.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Juan Rubio Gualito, del PVEM y presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, quien recordó que desde el pasado 30 de septiembre, mil 700 personas trabajadoras del Nacional Monte de Piedad están en huelga.
Detalló que a los trabajadores se les recortaron derechos adquiridos, entre los que destacan supresión de los tiempos de comida, falta de espacios de descanso y de pagos de jubilación.
Al fundamentar su proposición, el legislador recordó que esta institución se fundó hace más de dos siglos para ayudar a los más vulnerables, sin embargo, aplica tasas de interés superiores al 80 por ciento anual, monto superior al de las instituciones bancarias comerciales, y que contradice su misión social.
“No es una huelga más; es la expresión legítima de una base trabajadora que fue desoída durante más de cuatro años. Ninguna institución, por histórica que sea, está por encima de la ley ni puede sostenerse a costa de los derechos laborales”, expresó.
Finalmente, reiteró que esta resolución no solo busca atender un conflicto laboral, sino el principio de justicia social, “hoy defendemos el derecho a huelga, el derecho a organizarse y el principio de que nadie puede beneficiarse del dinero público sin rendir cuentas al pueblo”, concluyó.