El senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del PAN, presentó una iniciativa para reformar el artículo 21 constitucional y establecer un Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública. La propuesta busca canalizar recursos federales de manera directa y constante a estados y municipios, con el objetivo declarado de fortalecer las deterioradas instituciones del sector.
El legislador panista, quien también es integrante de la Comisión de Seguridad Pública, argumentó que las instituciones de seguridad en México atraviesan una “situación crítica”. Señaló que “la carencia de recursos financieros, humanos y materiales limita su capacidad para cumplir con su deber de proteger a la población”, lo que genera un estado de indefensión en la ciudadanía.
Vargas del Villar vinculó parte del problema actual a la desaparición del programa Fortaseg. Subrayó que, “desde 2019 a la fecha, los municipios dejaron de recibir más de 24 mil millones de pesos para la seguridad”, creando un vacío financiero que hace necesaria la creación de este nuevo fondo constitucional.
La iniciativa detalla que los recursos de este fondo estarían destinados al equipamiento, la profesionalización del personal, la formación de mandos policiales y la prevención del delito. Asimismo, se contempla la compra de tecnologías de información, sistemas de inteligencia y la evaluación de resultados, promoviendo también la participación ciudadana.
El senador enfatizó que, desde su bancada, “creemos que una política de seguridad pública eficaz requiere no sólo más recursos, sino que estos estén claramente constitucionalizados”. La reforma busca garantizar aportaciones federales mínimas con crecimiento real y una correcta coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Para asegurar su viabilidad, la propuesta establece que los montos transferidos anualmente a las entidades federativas y municipios deberán crecer, como mínimo, en un porcentaje igual al crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Esto con el fin de preservar la capacidad adquisitiva de los recursos y blindarlos ante posibles recortes.
La asignación de estos fondos se realizaría mediante criterios públicos que incluirían la población, la incidencia delictiva, el rezago institucional y los niveles de marginación. Además, se estipula que las entidades receptoras deberán cofinanciar los proyectos, generalmente en una proporción de un peso local por cada peso federal.