El senador mexiquense Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del PAN en el Senado, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal. La propuesta busca castigar con hasta seis años de prisión y multas de mil UMAs la violación a la intimidad sexual mediante inteligencia artificial.
El legislador mexiquense alertó sobre el crecimiento en la creación y difusión de contenido sexual sintético, conocido como deepfake. Señaló que es urgente actualizar el marco legal mexicano para enfrentar este desafío tecnológico emergente y evitar la impunidad.
“Estos contenidos falsos tienen consecuencias devastadoras para la reputación, salud mental y vida personal de las víctimas”, manifestó el senador. Subrayó que el carácter viral de las plataformas digitales convierte esta práctica en una grave agresión a los derechos fundamentales.
La propuesta surgió tras la celebración de un Parlamento Juvenil en el Senado, donde participantes de todo el país expusieron la necesidad de modernizar la legislación. El proyecto busca crear una tipificación expresa que sancione la creación, manipulación, difusión y posesión de este material.
Vargas del Villar explicó que el actual Artículo 199 Octies del Código Penal solo considera la divulgación de contenido íntimo real. Esto deja un vacío legal respecto al material alterado o generado artificialmente mediante inteligencia artificial y otras tecnologías.
“La iniciativa no busca limitar la libertad de expresión, sino sancionar el uso doloso de tecnologías para simular actos sexuales falsos”, aclaró el legislador. Agregó que México debe actualizar su legislación penal ante los desafíos del entorno digital.
Según el Center for Humane Technology, más del 96% de los deepfakes tienen contenido sexual, siendo las mujeres las principales afectadas. Solo en 2023 se identificaron más de 500,000 videos de este tipo, según datos de la empresa especializada Sensity AI.
La propuesta busca que el Estado cumpla con su obligación en materia de protección contra la violencia digital. Esto atiende también una recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, fortaleciendo la protección jurídica para las víctimas.