La polémica que enfrenta a México y Perú a raíz del asilo político concedido por el gobierno de Claudia Sheinbaum a la exprimera ministra peruana, Betssy Chávez, llegó este miércoles a la Organización de Estados Americanos (OEA).
México defendió la vigencia de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, ante la propuesta de reforma presentada por Perú.
Esta sesión extraordinaria, fue convocada a petición de Perú, cuyo canciller, Hugo de Zela, presentó ante la OEA la postura de su gobierno sobre el caso de Chávez, donde se señala que existe una distorsión del propósito original de la convención, pues sostiene que la figura del asilo fue creada para proteger a perseguidos políticos y no debe ser empleada para blindar a personas con sentencias o investigaciones por delitos comunes.
La embajadora Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA, señaló que el Consejo carece de facultades para actuar como órgano revisor de un tratado internacional y que la discusión pierde legitimidad al dar voz a Estados que no son parte del instrumento, mientras se excluye a otros firmantes que no pertenecen a la OEA.
Denunció que la iniciativa peruana no responde a un interés jurídico regional, sino a un intento de dirimir un caso particular, en referencia al de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.
En el caso de la exprimera ministra peruana Chávez, México le concedió asilo el pasado 3 de noviembre, en pleno proceso judicial por el golpe fallido del expresidente Pedro Castillo en 2022, por el que fue condenada a 11 años de cárcel dos semanas después, el 27 de noviembre.
En su intervención, la embajadora Baños cuestionó si la sesión respondía a un “genuino esfuerzo jurídico” o a la intención de ventilar un caso específico. Explicó que intentar modificar un tratado sin el consentimiento de todos sus Estados parte atenta contra la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
De Zela pidió que al evaluar las peticiones “se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado”.
El ministro reconoció los retos de su país, que no se ha recuperado aún de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero afirmó que “prevalecen las garantías del debido proceso” y “sobre todo, el principio de no impunidad”.
Adelantó que Perú estaría considerando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros de la OEA a debatir y fortalecer juntos el multilateralismo y los tratados sobre asilo.
México reiteró que el asilo es un compromiso con la dignidad humana y no un “acto inamistoso” entre naciones. La representante mexicana concluyó exigiendo respeto a la inviolabilidad de los diplomáticos locales y reafirmando que el incumplimiento en la entrega del salvoconducto constituye una infracción jurídica que debilita la arquitectura de las relaciones entre los Estados.