El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) advirtió que más del 70 por ciento de los actos de discriminación denunciados en la capital se registran en espacios laborales y establecimientos mercantiles, lo que evidencia —según el organismo— la necesidad de reforzar herramientas para prevenir y erradicar estas prácticas en sectores donde persisten desigualdades estructurales.
Con base en esa tendencia, el Consejo celebró la reciente modificación al Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, que impedirá a dependencias, alcaldías y entidades públicas contratar proveedores que cuenten con resoluciones firmes por actos de discriminación.
La medida también obligará a empresas y personas físicas interesadas en contratar con el gobierno a acreditar que no han incurrido en conductas discriminatorias en los últimos tres años.
El COPRED destacó que esta nueva restricción envía un mensaje claro al sector privado: la administración pública de la Ciudad de México no permitirá que compañías con antecedentes de discriminación administren recursos públicos ni participen en la provisión de servicios financiados por el gobierno.
Afirmó que la medida sirve como incentivo para que las empresas revisen y transformen sus políticas internas de inclusión y atención a la diversidad.
El organismo explicó que el reforzamiento del marco legal está alineado con la Constitución local, con los tratados internacionales de derechos humanos y con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que obligan al Estado a prevenir, investigar y sancionar actos discriminatorios también en el ámbito privado.
Las cifras de atención de denuncias, señaló el Consejo, hacen evidente la importancia de impulsar mecanismos que obliguen al sector empresarial a asumir la debida diligencia en materia de igualdad.
Afirmó que la prohibición de contratar a proveedores sancionados por discriminación forma parte de un modelo de contratación pública responsable que busca promover espacios más seguros, incluyentes y respetuosos de la dignidad de todas las personas.
Asimismo, el COPRED sostuvo que este tipo de medidas contribuye a cerrar brechas que afectan particularmente a mujeres, población LGBTTTI+ y personas con discapacidad, grupos que concentran buena parte de las denuncias recibidas por el organismo.
La actualización del marco normativo, añadió, consolida el liderazgo de la Ciudad de México en el diseño de políticas públicas orientadas a la igualdad y al trato digno.
El organismo reiteró su compromiso de continuar colaborando con instituciones públicas y empresas para impulsar políticas de inclusión. Recordó que mantiene disponible la estrategia de vinculación “Gran Acuerdo por el Trato Igualitario”, dirigida a organizaciones interesadas en diseñar e implementar estrategias para prevenir la discriminación en el ámbito laboral y en los servicios.
El COPRED afirmó que avanzar hacia una ciudad libre de discriminación requiere corresponsabilidad entre el gobierno y el sector privado, y sostuvo que la nueva restricción en materia de adquisiciones constituye un paso más hacia la construcción de entornos que garanticen la igualdad de derechos para todas las personas.