Comerciantes del Mercado Público San Pedro de los Pinos denunciaron presuntos actos de corrupción por parte de dos funcionarios de la Benito Juárez, quienes, según su testimonio, habrían exigido pagos de hasta 400 mil pesos para evitar sanciones o el desalojo de bodegas.
Los comerciantes señalaron directamente a Liliana Aresmi Aguilar Ruiz, directora de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y a Ismael Hernández Hernández, subdirector de Prevención y Atención a Riesgos. De acuerdo con los denunciantes, personal bajo sus órdenes acudió a los locatarios para solicitar pagos que califican como indebidos, pese a que —afirman— cuentan con cédulas de empadronamiento vigentes que acreditan su legal estancia.
Mediante un comunicado, los locatarios explicaron que las presuntas presiones se habrían hecho con base en una norma derogada desde junio de 2022 por instituciones de Fadlala Akabani.
“Ese año, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dejó sin efecto las Normas para la Regulación y Funcionamiento de los Mercados Públicos, publicadas originalmente el 20 de mayo de 2022”, se lee en el documento.
Los locatarios aseguraron que, a pesar de ello, funcionarios de la alcaldía continúan utilizando dicha norma para justificar solicitudes de dinero, condicionamiento de permisos y amenazas sobre la continuidad de sus operaciones comerciales.
“Se trata de cobros sin sustento legal ni administrativo”, señalaron, al advertir que estas acciones afectan a decenas de familias que dependen de la actividad económica dentro del mercado.
Ante estos hechos, los locatarios hicieron un llamado al alcalde Luis Mendoza para que intervenga, investigue y, en su caso, proceda a la destitución de los funcionarios señalados. Indicaron que la confianza de la ciudadanía en las autoridades depende de que se atienda la denuncia y se frenen los cobros irregulares.