Un total de 47 animales, entre 40 gatos y siete perros, fueron trasladados este miércoles a distintos centros veterinarios de la Ciudad de México para recibir “atención médica especializada”, informaron colaboradores de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama. El movimiento se realizó de manera urgente desde el predio ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, y fue supervisado por personal veterinario.
Los animales presentan diversos padecimientos que requieren atención inmediata, entre ellos tumores venéreos transmisibles, desnutrición avanzada que compromete su vida, así como enfermedades del complejo respiratorio de origen bacteriano y viral. Carmela Rivero, presidenta de la fundación, señaló que el traslado respondió a la gravedad de los casos detectados tras una revisión inicial. “Confío en que estas criaturas recuperen su salud a la brevedad”, expresó, al tiempo que reconoció que la situación médica de varios ejemplares es delicada.
Rivero añadió que no se trata de casos aislados, sino de una problemática más amplia dentro del predio. “Insistimos en que tenemos bajo nuestro resguardo a por lo menos otros 100 animalitos con problemas de salud muy graves y urgentes”, declaró, al subrayar que algunos requerirán tratamientos prolongados y seguimiento especializado. La fundación indicó que los traslados continuarán conforme se valore el estado de cada animal y la disponibilidad de espacios en clínicas veterinarias.
Este movimiento se da una semana después de que el Juzgado 60 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolviera reintegrar el inmueble a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, tras un litigio por la posesión del predio. En la resolución judicial también se ordenó el resguardo y la protección de todos los animales que se encontraban en el lugar al momento de la entrega, bajo la supervisión de las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de México.
En el Punto Quinto de la sentencia, el juez estableció que “los animalitos que al momento de la desocupación y entrega del inmueble se encuentren en el mismo, deberán quedar bajo el resguardo de la parte actora Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, bajo la supervisión de las autoridades competentes del Gobierno de la CDMX”. Esta disposición buscó garantizar la continuidad de cuidados y evitar riesgos mayores para los ejemplares durante el cambio de administración del espacio.
Sin embargo, el traslado de los 47 animales no ha disminuido la tensión en torno al caso. Integrantes, exvoluntarios y simpatizantes del Refugio Franciscano mantienen un plantón afuera del refugio,en exigencia de información y acceso para verificar el estado de los animales. Los manifestantes señalan que, desde el desalojo realizado de madrugada, no han podido ver a los ejemplares ni conocer de primera mano su situación, lo que ha incrementado la preocupación y la desconfianza.
Durante las protestas, los participantes han reiterado que su principal demanda es la transparencia y la certeza sobre el bienestar de los animales. Afirman que, tras una semana sin noticias directas, desconocen cuántos ejemplares permanecen en el predio, cuántos han sido trasladados y en qué condiciones se encuentran. También han solicitado la intervención directa de autoridades capitalinas para cumplir con la supervisión ordenada por el juez.
El conflicto en torno al Refugio Franciscano se originó a partir de un proceso legal por la posesión del inmueble donde operaba desde hace años un espacio dedicado al rescate y cuidado de animales, que llegó a albergar a más de mil perros y gatos. La restitución judicial del predio a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama derivó en el desalojo del refugio, lo que generó inconformidad entre activistas y organizaciones defensoras de animales, quienes advirtieron sobre posibles afectaciones al bienestar de los ejemplares.
Desde entonces, quienes se identifican con el Refugio Franciscano mantienen un plantón permanente y diversas acciones de protesta. Su exigencia central es poder ver a los animales y constatar su estado de salud, luego de una semana sin acceso ni información directa. Mientras el proceso legal y administrativo continúa, el caso sigue generando atención pública y llamados para que las autoridades refuercen la supervisión y garanticen que el resguardo ordenado por el juez se traduzca en protección efectiva para todos los animales involucrados.