
A más de tres meses del accidente ocurrido el 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se han alcanzado acuerdos reparatorios por aproximadamente 480 millones de pesos en favor de las víctimas directas e indirectas del siniestro, considerado uno de los hechos más graves registrados en la capital en términos de pérdida de vidas humanas.
Así lo informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y autoridades del gabinete capitalino y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al presentar un balance sobre la atención a las víctimas, los avances en la investigación y las medidas adoptadas para evitar la repetición de un evento similar.
El accidente dejó un saldo de 32 personas fallecidas y decenas de lesionados, luego de que una pipa que transportaba gas LP perdiera el control al tomar una curva del puente, impactara contra los muros de contención y se produjera una fuga masiva del combustible que derivó en un incendio de grandes proporciones.
La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, detalló que hasta el momento se han firmado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas, lo que representa un avance significativo en la reparación integral del daño.
Del monto total estimado de 480 millones de pesos, alrededor del 90 por ciento ya ha sido cubierto por la empresa responsable, mientras que el resto se encuentra en proceso de pago.
Según la Fiscalía, 127 víctimas ya han recibido compensaciones económicas y los casos pendientes corresponden principalmente a trámites sucesorios o a daños materiales que requieren seguimiento específico.
Las autoridades subrayaron que estos montos se ubican por encima de los registrados históricamente en casos similares a nivel nacional y que el proceso se ha desarrollado en un periodo menor al habitual.
En materia de atención a la emergencia, el Gobierno capitalino desplegó un operativo con la participación de más de mil 400 servidores públicos, incluidos elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de Protección Civil, brigadistas, médicos y paramédicos. En total, 23 hospitales de distintos subsistemas de salud recibieron a las personas lesionadas.
La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, informó que 52 personas fueron dadas de alta tras recibir atención médica y continúan bajo seguimiento clínico y de rehabilitación. Este acompañamiento incluye atención especializada, procesos de recuperación física y apoyo en salud mental para víctimas y familiares. En total, se han otorgado más de mil 680 atenciones psicosociales desde el inicio de la emergencia.
Además, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social reportó la instalación de comedores emergentes en hospitales, donde se entregaron cerca de cinco mil raciones de comida a familiares de personas hospitalizadas. Además, se habilitaron carpas de descanso, módulos de atención ciudadana y se distribuyeron insumos básicos como cobijas, despensas y sillas de ruedas.
Como parte del acompañamiento institucional, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que 75 enlaces del Gobierno de la Ciudad de México fueron asignados para brindar atención personalizada a las víctimas y sus familias, gestionar trámites médicos, legales y laborales, así como apoyar en traslados, hospedaje y otras necesidades derivadas del accidente.
En el ámbito de la investigación, la Fiscalía indicó que se realizó un peritaje multidisciplinario con la participación de 16 especialidades forenses y la emisión de más de 270 dictámenes. Los estudios descartaron fallas en la infraestructura del puente, problemas mecánicos previos en la unidad o factores meteorológicos adversos. La causa principal del accidente fue atribuida al exceso de velocidad y a la pérdida de control del vehículo, así como a omisiones de la empresa operadora en materia de capacitación y supervisión del conductor.
Como medidas de prevención, el Gobierno capitalino informó que se realizaron modificaciones al Reglamento de Tránsito para limitar horarios de circulación de pipas con hidrocarburos, reducir la velocidad máxima permitida y restringir las cantidades de sustancias peligrosas que pueden transportarse en la ciudad. Asimismo, se anunció el desarrollo de una aplicación para monitorear en tiempo real el desplazamiento de este tipo de vehículos.
Finalmente, las autoridades reiteraron que el acompañamiento a las víctimas continuará mientras sea necesario y anunciaron la creación de un reconocimiento al mérito civil, denominado “Alicia Matías”, en memoria de una de las víctimas que perdió la vida al intentar salvar a su nieta durante el siniestro.