Metrópoli

El predio fue vendido en $650,000 pesos destinados a oficinas y departamentos

Refugio Franciscano: desalojo, amparos vigentes y un predio vendido para oficinas y departamentos

Refugio Franciscano: desalojo, amparos vigentes y un predio vendido para oficinas y departamentos

El desalojo del Refugio Franciscano, ocurrido en la madrugada del 10 de diciembre, sigue lejos de quedar cerrado. Aunque el inmueble fue tomado, el conflicto legal continúa abierto y ahora se sostiene sobre un punto clave: un juez federal concedió una suspensión definitiva que ordena frenar cualquier ejecución y restituir la posesión del predio, mientras se resuelve el juicio principal.

Para entender el caso, hay que remontarse al origen del predio. Desde 1977, el terreno fue utilizado por el Refugio Franciscano para el cuidado de animales, bajo la autorización de Antonio Haghenbeck. De acuerdo con la versión del refugio, ese uso quedó respaldado en el testamento del benefactor, donde se establecía que sus propiedades debían destinarse al cuidado de animales y no a fines comerciales.

Durante más de cuatro décadas el refugio operó sin conflictos legales. Sin embargo, la situación cambió cuando la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama impulsó la recuperación del predio, tras haberlo vendido de manera definitiva por 650 mil pesos. El terreno, además, ya contaba con un cambio de uso de suelo que permite la construcción de oficinas y departamentos, lo que detonó el interés inmobiliario sobre la zona.

A partir de ello, en 2021 inició un juicio civil para recuperar el inmueble. El proceso avanzó hasta que, en diciembre de 2022, ambas partes firmaron un convenio ante un juez. El acuerdo era claro: el Refugio Franciscano debía conseguir un nuevo terreno y, a cambio, la fundación Haghenbeck se comprometía a construir un nuevo refugio donde los animales pudieran ser trasladados de forma segura.

Refugio Franciscano: desalojo, amparos vigentes y un predio vendido para oficinas y departamentos

El refugio Franciscano segura que sí cumplió con su obligación y que adquirió un predio en Texcoco, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y notificado a la autoridad judicial. No obstante, la fundación sostuvo que ese requisito no estaba acreditado, lo que derivó en una resolución de primera instancia que le fue favorable.

El problema, señalan los responsables del refugio Franciscano, es que esa resolución no era definitiva. Todavía podía ser impugnada y el plazo legal para hacerlo seguía vigente cuando se ejecutó el desalojo. Es decir, el lanzamiento se realizó cuando el juicio aún no estaba concluido.

Refugio Franciscano: desalojo, amparos vigentes y un predio vendido para oficinas y departamentos

Ante esa situación, el Refugio Franciscano promovió un juicio de amparo. Como resultado, un juez federal concedió la suspensión definitiva, apoyándose incluso en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En términos sencillos, la suspensión ordena que no se realice ningún acto para ejecutar el desalojo y que se restituya de inmediato la posesión del inmueble, hasta que exista una resolución final en el juicio principal.

El documento judicial establece que esta medida es obligatoria para todas las autoridades involucradas y busca evitar daños irreparables, tanto jurídicos como materiales. El juez también reconoce que el inmueble era utilizado por asociaciones dedicadas a la protección animal, lo que refuerza la necesidad de mantener las cosas como estaban mientras se resuelve el conflicto de fondo.

Otro punto delicado es el destino de los animales. Existen resoluciones judiciales que ordenan que los perros y gatos no sean trasladados sin autorización. Sin embargo, el refugio ha denunciado inconsistencias entre los registros oficiales y el número actual de animales, lo que ha generado preocupación sobre posibles traslados irregulares durante el proceso.

Desde la perspectiva del Refugio Franciscano, el fondo del conflicto no es permanecer indefinidamente en el predio, sino que se cumpla el convenio firmado ante juez: la construcción del nuevo refugio antes de cualquier salida definitiva. Sostienen que el desalojo se adelantó para liberar el terreno, ya vendido en $650,000 pesos, y permitir el desarrollo de oficinas y departamentos.

Mientras los tribunales federales y locales no emitan una resolución final, el caso sigue abierto. La suspensión definitiva mantiene vigente la disputa y deja una pregunta central en el aire: ¿puede ejecutarse un desalojo cuando el juicio aún no ha terminado y existe una orden judicial que lo frena?La respuesta, por ahora, sigue en manos de los jueces que han hecho larga la solución a algo tan importante.

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