Un total preliminar de 936 perros y gatos fueron asegurados por autoridades capitalinas tras documentarse condiciones de hacinamiento, negligencia y maltrato en el llamado Refugio Franciscano, ubicado sobre la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), al menos 798 animales presentaban afectaciones compatibles con crueldad animal y 21 habían muerto previamente, todos fuera del inmueble.
Según las autoridades locales, el operativo se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial y con el despliegue de alrededor de 200 elementos de seguridad, personal de la Brigada de Vigilancia Animal, peritos veterinarios y diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.
Los animales comenzaron a ser trasladados de manera progresiva a tres sedes: el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y un albergue canino a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente en la zona del Ajusco. Los casos más graves fueron enviados de inmediato a hospitales veterinarios, incluidos algunos privados.
Jornada de tensión y enfrentamientos
El conflicto en el Refugio Franciscano continuó y se intensificó durante las últimas horas, luego de nuevos enfrentamientos entre activistas y autoridades capitalinas. Desde la madrugada del miércoles 7 de enero, vecinos y defensores del refugio se congregaron a las afueras del inmueble para intentar impedir el retiro de los animales, lo que derivó en bloqueos intermitentes de la carretera México-Toluca.
Durante las primeras horas del día, las autoridades regresaron al sitio con un amplio operativo policial para continuar con la extracción de perros y gatos. Las acciones derivaron en gritos, empujones y momentos de tensión, luego de que elementos de la policía encapsularan a varias personas para evitar que cerraran por completo la vialidad como parte de su protesta.
De acuerdo con reportes de personas presentes en el lugar, el dispositivo de seguridad buscó mantener despejada la carretera ante el riesgo que representaba el bloqueo para automovilistas y transporte de carga. A pesar de los reclamos de los manifestantes, el operativo continuó hasta completar el traslado de los animales.
Disputa del predio
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la prioridad de su administración es el bienestar animal y no el conflicto jurídico por la posesión del predio, el cual enfrenta al Refugio Franciscano, Asociación Civil, y a la Fundación Antonio Haghenbeck.
“La disputa de este predio es una situación entre particulares. El gobierno de la ciudad respetará la resolución judicial que se derive de los procesos jurídicos y administrativos. No estamos interesados en intervenir en ese predio”, afirmó.
La jefa del Ejecutivo local recordó que la Constitución de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y obliga a las autoridades a garantizar su protección y trato digno.
“Nuestra prioridad desde el primer momento ha sido garantizar el bienestar de los animales. Ese es el tema, el bienestar de los animales y no el conflicto jurídico de un predio”, enfatizó.
Añadió que la Fiscalía y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial corroboraron malas condiciones de salud, hacinamiento y maltrato en el refugio, lo que motivó la decisión de rescate.
Condiciones de hacinamiento y negligencia
La fiscal general de Justicia, Bertha María Alcalde, detalló que la investigación se inició en diciembre de 2025 a partir de múltiples denuncias ciudadanas. Tras inspecciones ministeriales y dictámenes de medicina veterinaria forense, se concluyó que los animales vivían en condiciones incompatibles con su bienestar.
“Se constató un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones, con espacios insuficientes, acumulación de heces y orina, falta de ventilación, ausencia de luz natural y carencia de atención médico veterinaria oportuna”, explicó.
También se encontró que se documentaron enfermedades sistémicas, dermatitis severa, problemas ortopédicos, tumores, lesiones avanzadas y uso de medicamentos caducados.
“Desde un punto de vista técnico, estas condiciones representaban una privación sistemática y prolongada de las libertades de bienestar animal. Por eso la fiscalía concluye que estos hechos encuadran en conductas de maltrato y crueldad animal”, señaló la fiscal, quien adelantó que la investigación continuará para definir imputaciones y judicializar el caso.
Además, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que el operativo se desarrolló sin incidentes mayores y que no hubo personas detenidas. Precisó que el resguardo de los animales se realiza conforme a los protocolos y bajo supervisión permanente de autoridades ambientales y de procuración de justicia.
Refugio Franciscano: “No es un rescate, es una injusticia”
Tras el operativo, el Refugio Franciscano rechazó la actuación de las autoridades y cuestionó el carácter del aseguramiento de los animales. La organización calificó el despliegue como “totalmente desproporcionado” y aseguró que las acciones emprendidas no priorizaron el bienestar animal.
En su posicionamiento, el refugio afirmó que, de existir un interés genuino por proteger a los perros y gatos, no se habría desalojado a cuidadores ni veterinarios, ni separado a los animales de las personas que —según señalaron— los han atendido durante años. Sostuvieron que esta separación generó estrés, miedo y afectaciones emocionales en los animales, por lo que rechazaron que el operativo pueda considerarse un rescate.
“Separar a los animalitos de quienes los conocen y los cuidan es maltrato. En este momento están asustados, estresados y en manos de desconocidos. Eso no es un rescate”, expresó el refugio.
La organización subrayó que el Refugio Franciscano lleva años rescatando, cuidando y dando en adopción a miles de animales, sin recibir apoyo gubernamental, y que su labor ha sido sostenida principalmente con recursos propios y donaciones de la sociedad civil.
Reconocieron que muchos animales llegan en condiciones de salud delicadas, pero argumentaron que precisamente esa es la función de los refugios: brindar atención, recuperación y una segunda oportunidad a animales abandonados o maltratados.
“El hecho de que los animales no lleguen en condiciones óptimas no es prueba de maltrato, sino la razón misma por la que existen los refugios”, señalaron, al tiempo que invitaron a revisar sus redes sociales y registros públicos de adopciones como evidencia de su trabajo.
El Refugio Franciscano también rechazó la narrativa oficial de maltrato animal, al considerar que se está utilizando como argumento para ganar una disputa legal ajena al bienestar de los animales. Recordaron que el conflicto por la posesión del predio lleva varios años y afirmaron que existe una resolución judicial favorable al refugio que, según su versión, no estaría siendo respetada.
También denunciaron la falta de información clara durante el operativo, al asegurar que se retiraron animales —incluidos gatitos— sin que se informara con precisión su destino ni las condiciones en las que serían trasladados, lo que calificaron como grave e inaceptable.
En adición, se señaló la ausencia de espacio para que el refugio expusiera su versión antes y durante el operativo. La organización acusó que no se le permitió defenderse ni explicar su situación, y criticó que se actuara “como si quienes rescatan vidas fueran delincuentes”.
“El problema no es un predio, es el hogar de los franciscanitos”, concluyeron los encargados, quienes también hicieron un llamado a la ciudadanía para difundir su postura y exigir que se respete lo que consideran un abuso de poder.
Al respecto, Clara Brugada aprovechó las lo ocurrido en el sitio para dar a conocer diversas acciones en materia de protección animal, entre ellas la próxima presentación de una iniciativa de ley para regular refugios y albergues en la Ciudad de México, el fortalecimiento de campañas de adopción responsable, jornadas masivas de esterilización y salud animal, así como la rehabilitación y construcción de hospitales y clínicas veterinarias públicas.
“Cuando se comprueba que hay maltrato animal, es nuestra obligación actuar”, concluyó.