Primera parte
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) son las instituciones que más recomendaciones recibieron de la Comisión de Derechos Humanos capitalina en cinco años, de 91 avisos por conductas de tortura, discriminación, detenciones ilegales, violencia y omisiones en investigaciones, 73 se mantienen en trámite, estancadas en proceso de aceptación y no cumplimentadas desde mucho tiempo atrás.
Del 2021 al 2025, estas dos instituciones encargadas de velar por la procuración de justicia y la integridad física y emocional de la población, se colocaron en los primeros lugares en señalamientos por malas prácticas hacia la gente que deberían de cuidar, sin que en alguno de los años de disminuya la incidencia de negligencias como violaciones al debido proceso, tratos crueles, castigos que evocan a la esclavitud y actos que priven a las mujeres y hombres del derecho a la integridad y a la vida en reclusión.
FGJ y SSC no mejoran sus conductas
Ambas se ha rezagado en la conclusión de estas advertencias, en el año 2025, la FGJCDMX consumó tres recomendaciones, 9/2011, 20/2012 y 5/2015, es decir, las víctimas tuvieron que esperar hasta 14 años para que se reconocieran sus derechos y las acciones inhumanas a las que fueron sometidas; la primera acusaba falta de implementación de mecanismos específicos para la prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción de cualquier acto de violencia contra las mujeres al interior de las instituciones y dependencias del entonces Distrito Federal.
En la mayoría de los años, ambas instituciones no mejoraron sus comportamientos. En 2021, la Comisión expidió 23 recomendaciones, de las cuales, siete fueron para la FGJCDMX y 10 para la SSC, 74 por ciento del total de los llamados; de este universo, la Fiscalía no ha cumplimentado ninguna y la policía cinco.
Una de estas intercesiones, la 03/2021, señala a ambas instituciones de detenciones ilegales o arbitrarias de 37 personas. Tres policías, Cesar Arturo Segura Pérez, José Alfredo Valencia Sánchez, Humberto Garrido Rojas y Jorge Alberto Gómez Ortiz, detuvieron a un hombre en la calle Pantera, dado que sus características físicas coincidían con el presunto autor de un homicidio, sin que la orden de presentación tuviera más datos del probable criminal, ni su nombre completo. Hasta cinco horas después de ser detenido, fue presentado ante el Ministerio Público, donde médicos legistas acreditaron que fue lesionado.
También, un hombre, una mujer y un niño acusaron que 30 Policías de Investigación ingresaron sin autorización legal a su domicilio en Gustavo A. Madero, entre los que se encuentran el comandante en jefe Hilario Aguilar Muñoz, que laboró hasta 2024 en la FGJ como comandante en Jefe de la Policía de Investigación en la Coordinación de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales. En el inmueble, narraron los agredidos, los golpearon en la cara, los amenazaron con dispararles, les robaron sus celulares, piernas, costillas y cadera; y al menor de edad le arrancaron una cadena y una pulsera, al mismo tiempo en que lo obligaban a callarse.
No se llama a comparecer a los titulares por acuerdos políticos
Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH — que renunció en 2023 ante desacuerdos con la gestión de Rosario Piedra — enfatizó a Crónica que cuando una institución no cumple las recomendaciones significa un claro desprecio a los Derechos Humanos.
“Las recomendaciones tienen un carácter de cumplimiento voluntario y no cumplirla apega a una resistencia a los Derechos Humanos, ese es el mensaje claro. Pensar que el sistema de protección no jurisdiccional debe cambiar a un esquema como sentencia no es la solución, hay una falsa percepción de que las recomendaciones deben de ser obligatorias, la verdad es que no, porque bajo un supuesto deber ser, ninguna institución debería de estar en contra de los Derechos Humanos y tendría que cumplir de manera voluntaria”.
“Todas las Comisiones tienen la facultad de mandar llamar a los titulares de las dependencias que no cumplan las recomendaciones, a nivel federal sería ante el Senado, a nivel local ante el Congreso de la Ciudad de México y que expliquen por qué no están cumpliendo. Nunca se ha hecho y la crítica es para el organismo ¿Por qué no ha utilizado ese mecanismo para exigirle a la autoridad por qué no está cumpliendo la recomendación? La culpa no sólo la comparte el que incumple, si no la Comisión que no utiliza el mecanismo para exhibir a los que no están cumpliendo. Hay acuerdos políticos o no hay intención de ser incómodos ante el poder en turno”.
La recomendación 17/2021 — también sin cumplimentar — a favor de 11 agraviados privados de la libertad, explica que en uno de los casos, dos gemelos encarcelados en el CEVASEP I, diagnosticados con diabetes y otros padecimientos. Fueron trasladados a los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte; al llegar al área de túneles solicitaron que les retiraran los grilletes de manos y pies, a lo que se negó el elemento de seguridad y custodia encargado del traslado. Derivado de ello, tuvieron una riña con dos custodios. La juez solicitó que les retiraran las esposas, a lo que se negó el custodio, argumentando que tenía órdenes de sus superiores de mantenerlos así, a pesar de que la juez le indicó al custodio que no podían comparecer de esa manera.
Cuando terminó la audiencia fueron trasladados de regreso a la cárcel y de acuerdo con la bitácora aduanal vehicular, las víctimas permanecieron dentro de la camioneta de traslado -que quedó expuesta al sol- sin iluminación, sin ventilación y en posición forzada con candados de manos y pies, durante aproximadamente dos horas.
Procesos de selección de ombudsperson a modo
Para Adalberto Méndez, la ausencia de llamadas de atención y rigor de la Comisión hacia las instituciones de seguridad y procuración de justicia que repiten violaciones a los Derechos Humanos, se debe a la falta de cuidado para la elección del mejor perfil que ocupe el cargo de ombudsperson y que el puesto sea destinado a simpatizantes del partido político en turno.
“El proceso de elección de la actual titular (María Dolores González Saravia) fue vergonzoso, lleno de irregularidades, un Consejo Consultivo que no sirvió para nada, que se puso como pantomima para poder elegir al titular en turno. Se termina trayendo titulares cómodos al poder, los mecanismos de elección de los ombudsperson tanto a nivel federal como estatal, no son eficientes, no garantizan la elección de una persona incómoda al poder, de una persona independiente en las Comisiones estatales, técnicos que puedan dar resultados importantes y la titular anterior, Nashieli Hernández, no fue incómoda, logró trabajar por la vía de los acuerdos y de la negociación, pero el ombudsperson tiene que ser incómodo porque tiene que estar señalando a las autoridades sus incumplimientos que es la dignidad de la persona, si no, ni siquiera está cumpliendo su labor”.
“A nivel estatal, la selección del titular terminan siendo políticos, gente que conoce al gobernador o titulares buenos, como Nashieli, pero que no son incómodos. En la Ciudad de México habrá una titular gris, no creo que cambien las cosas si vemos que hubo un mecanismo amañado para lograr que llegara una titular afín a los intereses del poder”, aludió.
Nashieli Ramírez fue elegida como titular de la Contraloría capitalina, hecho que conforme a Adalberto, su objetividad e imparcialidad estuvieron comprometidas durante toda su gestión.
“Estuvo un poco condicionada o se le ofreció un incentivo político. El titular de una Comisión que termina yéndose al Gobierno, es natural que fue cooptado por el poder”, compartió el especialista.
De las recomendaciones concluidas en el 2021, la de mayor antigüedad, la 1/2009, que acusaba detención arbitraria y tortura en al Fiscalía, se mantuvo 12 años sin que las víctimas obtuvieran una porción de justicia por las arbitrariedades a las que fueron sometidas. El caso más afortunado que se saldó ese año, tuvo que esperar cinco años para que la FGJ lo reconociera, el resto estuvieron 10 y siete años en trámite.
En el 2022, de 30 recomendaciones de la Comisión, 23 fueron dirigidas a la policía y Fiscalía capitalinas, 10 para la primera y 13, para la segunda, 35 por ciento más que el año anterior. En estos llamamientos se evidenciaron conductas de siete detenciones ilegales, tortura, malos tratos en traslados y omisión en el acceso a la justicia.
Para el especialista, el desdeño de las instituciones a las Comisiones que velan por la dignidad humana radica en que la cultura política de quienes ejercen el poder únicamente utilizan los Derechos Humanos en un falso discurso, pero prefieren no practicarlos y caer en prácticas corruptas y excesivas.
“Los mecanismos de elección de los titulares no son eficientes, llegan alfiles cercanos al poder o personas con poca o nula capacidad técnica como pasa a nivel nacional y terminan siendo Comisiones de adorno”, enfatizó Adalberto Méndez.