La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) analizó y resolvió diversos asuntos relacionados con presuntas infracciones a la normativa electoral, entre ellas actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y difusión extemporánea de propaganda vinculada a informes de labores.
Durante la sesión, la Comisión desechó una queja relacionada con la presunta difusión de propaganda electoral impresa no reciclable atribuida a diversas alcaldías, al determinar que la parte promovente no cumplió con los requisitos mínimos de procedencia.
De acuerdo con el análisis, la denuncia no precisó circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni aportó elementos probatorios suficientes, pese a haber sido formalmente requerida para subsanar estas omisiones.
En otro de los asuntos abordados, y en cumplimiento a una sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Comisión aprobó un acuerdo para iniciar de manera parcial un procedimiento sancionador por la posible comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.
Sin embargo, desechó las posibles violaciones al artículo 134 constitucional, al concluir que las personas denunciadas no tienen la calidad de servidoras públicas, requisito indispensable para la configuración de esta infracción.
A este caso se acumuló otro expediente, en el cual también se determinó iniciar un procedimiento sancionador, aunque se desechó respecto de una persona moral u organización política señalada como probable responsable, al no encontrarse elementos indiciarios que acreditaran su vinculación con los hechos denunciados.
En ambos expedientes, la Comisión ordenó dar vista a otras autoridades competentes y declaró improcedente la adopción de medidas cautelares, al no advertirse la existencia de urgencia ni peligro en la demora que justificara el retiro inmediato de las publicaciones denunciadas.
Finalmente, la Comisión aprobó el inicio de cinco procedimientos ordinarios sancionadores por presuntas infracciones relacionadas con promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y difusión extemporánea de propaganda vinculada a informes de labores.
En uno de estos casos, se declaró procedente la adopción de medidas cautelares, por lo que se ordenó el retiro inmediato de propaganda colocada fuera de los plazos establecidos en la ley. En los otros cuatro expedientes, se determinó la improcedencia de dichas medidas al no identificarse un daño grave o irreparable a los principios que rigen la contienda electoral.