Ante el aumento de ciberataques a instituciones públicas y la creciente concentración de datos personales y biométricos en sistemas gubernamentales, el diputado federal Felipe Delgado, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de reforma para reconocer las bases de datos poblacionales como infraestructura crítica del Estado mexicano, con un componente de seguridad nacional.
La iniciativa fue desarrollada con la asesoría de Martín Barragán, especialista en tecnología y seguridad digital, quien destacó que las bases de datos son hoy uno de los activos digitales más valiosos del siglo XXI y, al mismo tiempo, uno de los más subestimados. “Proteger esta información no es únicamente un tema tecnológico, sino legal y estratégico. Países como Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos ya han avanzado en reconocer estos sistemas como infraestructura crítica; México debe hacerlo también”, explicó.
El legislador mencionó que las bases de datos poblacionales han dejado de ser simples registros administrativos y hoy concentran información crítica de millones de personas, por lo que una vulneración puede comprometer no solo datos personales, sino la seguridad, la economía y la confianza en las instituciones. “Las bases de datos poblacionales dejaron de ser simples registros administrativos. Hoy concentran información crítica de millones de personas y, si son vulneradas, se compromete la seguridad, la economía y la confianza en las instituciones”, señaló, al tiempo que sostuvo que la iniciativa busca colocar estos sistemas al mismo nivel que otras infraestructuras estratégicas como la energía, el agua o las telecomunicaciones.
La propuesta responde a una tendencia internacional. Organismos multilaterales como el Banco Mundial y la OCDE han advertido que la infraestructura de datos gubernamentales se ha convertido en un activo estratégico para la continuidad del Estado y la provisión de servicios públicos. A ello se suma que, de acuerdo con el Cost of a Data Breach Report de IBM Security, el costo promedio global de una filtración de datos supera los 4 millones de dólares, sin considerar los impactos reputacionales y operativos de largo plazo que enfrentan los gobiernos.
Delgado subrayó que la iniciativa no implica un incremento presupuestal, sino un cambio de enfoque para fortalecer la protección, supervisión y sanción en torno a estas bases de datos, particularmente cuando existe un uso indebido por parte de servidores públicos o terceros. “Cuando una base de datos poblacional es comprometida, se vulneran los datos personales de millones de ciudadanos, información cuya custodia es responsabilidad directa del Estado”, enfatizó.
Barragán detalló que la propuesta fortalece los esquemas de ciberseguridad ya existentes al dotarlos de un respaldo jurídico claro, lo que permite sancionar de manera más contundente la extracción, comercialización o vulneración de información poblacional. “Este enfoque brinda certeza a la ciudadanía, al garantizar que el uso de sus datos estará protegido no solo por medidas técnicas, sino por un marco legal alineado con estándares internacionales”, añadió.
Finalmente, el diputado Felipe Delgado advirtió que una vulneración masiva de bases de datos poblacionales puede afectar la prestación de servicios públicos, la actividad económica e incluso la gobernabilidad. “Proteger los datos poblacionales es proteger la identidad de las personas y la estabilidad del Estado mexicano”, concluyó.
El Partido Verde Ecologista de México informó que impulsará esta iniciativa en las comisiones correspondientes como parte de una estrategia integral para fortalecer la ciberseguridad, la protección de datos personales y la seguridad nacional, con una visión de futuro acorde a los desafíos del entorno digital.