Una juez de control rechazó que fueran ilegales las entrevistas realizadas por el Ministerio Público a Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) y a Seguridad Privada LOBO, por la instalación ilegal de dos grúas en el festival AXE Ceremonia, sin que sea necesaria la presencia de la defensa de la familia de Berenice Giles Rivera, una de las víctimas que falleció en el accidente.
La familia Giles Rivera y su defensa solicitaron una audiencia de omisiones para señalar a la Ministerio Público de no haber convocado al equipo legal de esta víctima cuando se realizaron las entrevistas a los empleados de OCESA y LOBO, con la finalidad de que los juristas realizaran preguntas a estos corporativos, los cuales pasaron de calidad de testigos a imputados.
Sin embargo, la juez Adriana Ivette Morales Chávez consideró que la Ministerio Público puede realizar las entrevistas a las empresas señaladas sin la presencia de los defensores de la familia Giles.
Del mismo modo, en la audiencia se ventiló que la alcaldía Miguel Hidalgo resolvió que OCESA, a través de ECO Live fue la responsable de la organización del festival AXE Ceremonia, celebrado el cinco de abril del 2025.
Dicha resolución administrativa, narró la defensa de la familia Giles, fue impugnada por OCESA, y solicitó que se otorgara una suspensión, con la finalidad de que la determinación no pudiera ser pública ni difundida, exigencia que fue negada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al argumentar que existen datos de prueba suficientes para concluir que ese corporativo fue el ejecutor y promotor del evento musical.
En tanto, la realización de la audiencia inicial por el caso continúa detenida, ya que mientras la familia Giles fomentó el amparo 853/2025 a través de la jueza carta de distrito María del Carmen Cisneros Sánchez para que OCESA y LOBO fuera imputados, familiares y amigos de Miguel Ángel, el otro fotógrafo fallecido, acudieron a los Juzgados de Distrito en Materia Penal, en la colonia San Ángel, para pronunciarse en contra de esa autoridad judicial y presionarla para que revocara la suspensión definitiva que concedió para que no se celebrara la audiencia inicial hasta que se integrara a OCESA y LOBO a la carpeta de investigación en calidad de investigados.
Luego de las presiones, dijo el abogado de la familia Giles, la jueza dictó el sobreseimiento, pero no han sido notificados.
“Aunque ya tienen la calidad de imputados, falta que la Ministerio Público venga ante un juez de control, a una audiencia inicial y ratifique esa imputación en contra de todas (las empresas) además de OCESA y LOBO”.
“Estamos inquietos, previendo nuestros pasos siguientes porque todo hace evidencia de que la Fiscalía capitalina está pavimentando el camino para al final del día, determinar un no ejercicio de la acción penal en contra de OCESA y LOBO. Lo cual ya sería prácticamente imposible, técnicamente y legalmente por todo el cúmulo de pruebas que demuestran que son responsables, sin embargo, sabemos que la Fiscalía se puede arriesgar a hacer eso y peores cosas”, dijo Fabián Victoria, representante legal de la familia Giles Rivera.
En tanto, Tábata Salas, del equipo de abogados de la familia del otro fotoperiodista fallecido, Miguel Ángel Rojas Hernández, dijo que los argumentos de la defensa de una de las empresas imputadas — que no son OCESA y LOBO — coincide de forma y fondo con la de la familia Giles Rivera.
“Eso nos llama mucho la atención porque la defensa de una de las morales imputadas se dedicó a actuar como si fuera persecutora y no a argumentos que eran tendientes a defender a la empresa que representan”.
Salas mencionó que estas audiencias de omisiones únicamente tienen la finalidad de retrasar el inicio del proceso penal.