En 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destinó 37 millones 204 mil 363 pesos para el servicio de inhibición de señal celular en seis Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, luego de que en años anteriores, la institución desconocía el estado de colocación, mantenimiento y estado de los dispositivos que deberían de bloquear el acceso a las redes de internet y llamadas telefónicas al interior de las prisiones.
Estas medidas de seguridad fueron implementadas en los Reclusorios Preventivos Varonil Norte, Oriente y Sur, así como en la Penitenciaría de la Ciudad de México y en los Centros Femenil y Varonil de Santa Martha Acatitla, con una inyección presupuestal de seis millones 200 mil 727 pesos en cada una de las cárceles.
A pesar de en el año 2010, el Gobierno capitalino presumió la inversión de 24 millones de pesos para la compra de 155 inhibidores de señal, 15 años después, en 2025, la SSC, quien es la encargada de administrar y dirigir las cárceles capitalinas, respondió a este diario que no tenía información del funcionamiento y monto destinado para su composición y mantenimiento de los aparatos electrónicos que deberían de detener las llamadas de extorsión que según cifras oficiales, van en aumento.
“La Subsecretaría del Sistema Penitenciario no cuenta con la información solicitada sobre el presupuesto destinado para su adquisición y mantenimiento, ni sobre la empresa proveedora”, dijo a Crónica en febrero del 2025.
No obstante, pocos meses después, en julio del 2025, la SSC realizó un importante gasto en el bloqueo de llamadas que emergen de cárceles. De acuerdo con el contrato SSC/095/2025, el proveedor Promotora e Infraestructura GB S.A de C.V. celebró con la policía capitalina el negocio por el concepto servicio de inhibición de señal celular, por 37 millones 204 mil 363 pesos.
Con todo, los Centros de Ejecución de Sanciones Penales Norte y Oriente, el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI) y el Centro Femenil de Reinserción Social quedaron fuera de este contrato para la compra de inhibidores de señales.
El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024 reportó que permanecen 25 mil 506 personas privadas de la libertad en la Ciudad de México, es decir, hasta antes de su decomiso, la cantidad de teléfonos móviles que estaban dentro de los penales equivalía a que 55.5 por ciento de la población penitenciaria tendría a su alcance un dispositivo para realizar llamadas.
Así, las inspecciones dentro de los Centros Penitenciarios no se han debilitado, con 51 mil 47 revisiones del 2022 al 2024, aunque sin números reportados en 2025. En el primer año se realizaron 15 mil 85 verificaciones, al 2023 creció 38 por ciento, con 20 mil 762 exploraciones exhaustivas dentro de penales. Después, en 2024, de enero a julio, se llevaron a cabo 15 mil 200.
Los teléfonos celulares son los objetos que más se decomisan y que con mayor facilidad son ingresados a las cárceles. Del 2022 al 2024 se retiraron siete mil dos teléfonos y tres mil 369 chips de diversas telefonías.
El decomiso de estos dispositivos ha bajado, de dos mil 944 celulares que se arrebataron en 2022, para el año siguiente se retiraron dos mil 633 y mil 525 en 2024.
Con los chips ha sido distinto, en periodos se ha incrementado el número de hallazgos. Mientras que en 2022 se encontraron mil 174 al interior de Centros Penitenciarios, en 2023 se quitaron mil 375 de manos de personas privadas de la libertad; en 2024, hasta julio, 820 chips salieron de los penales.
Sin embargo, las llamadas de extorsión en la metrópoli continúan con alta incidencia, conforme a los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se denunciaron al número 089, 21 mil 922 intentos de robo bajo esta modalidad.
Aunque no se tiene exactitud de cuántos de estos números marcados provienen de cárceles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se ha detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión.