El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, llamó, a través de un punto de acuerdo, a que las autoridades suspendan obras irregulares que se desarrollan en zonas de valor ambiental y de recarga hídrica en la capital del país.
De acuerdo con datos de la Paot, entre 2020 y 2024 se han presentado más de 2 mil 800 denuncias ciudadanas por construcciones ilegales o irregulares, principalmente en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan, Xochimilco y La Magdalena Contreras.
La propuesta exhorta a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento y Coordinación Metropolitana y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (Paot) a detener cualquier construcción que no cuente con dictamen de impacto ambiental vigente.
Y solicita un informe público detallado sobre los permisos otorgados a desarrollos inmobiliarios en zonas de conservación ecológica entre 2023 y 2025.
Rubio Torres advirtió que la Ciudad de México enfrenta una crisis ambiental y urbana derivada del crecimiento inmobiliario descontrolado, que ha permitido la ocupación de barrancas, cauces de ríos y zonas clave para la recarga de acuíferos.
“Hoy vemos cómo se destruyen áreas verdes y zonas ecológicas mientras las autoridades encargadas de vigilar el desarrollo urbano actúan con omisiones preocupantes”.
Agregó que no se pueden permitir que intereses inmobiliarios sigan imponiéndose sobre el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano.
¿Qué plantea la iniciativa?
El legislador alertó que más del 58% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, fundamental para el equilibrio ambiental y la captación de agua, por lo que permitir desarrollos irregulares en estas zonas agrava la crisis hídrica y el deterioro ecológico de la capital.
La iniciativa presentada establece que las autoridades capitalinas deberán suspender en un plazo máximo de 60 días naturales todas las obras que presenten irregularidades, además de transparentar los permisos otorgados a proyectos inmobiliarios en áreas ecológicas.
Rubio Torres subrayó que la defensa del territorio y del medio ambiente no es un tema político, sino una obligación constitucional, ya que el derecho a un medio ambiente sano está reconocido en la Constitución federal y en la Constitución de la Ciudad de México.
“El crecimiento urbano debe ser sustentable, transparente y con participación ciudadana. No podemos seguir permitiendo que la corrupción inmobiliaria comprometa el futuro ambiental de nuestra ciudad”, concluyó.