La alcaldía Cuauhtémoc informó que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión para la Reconstrucción de la Secretaría de Vivienda, avalaron la demolición del inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, el cual colapsó el pasado nueve de marzo.
Autoridades de la demarcación explicaron que el inmueble se encontraba identificado con daños desde el sismo de 2017, por lo que desde 2018 quedó dentro del universo de edificaciones atendidas por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.
Posteriormente, el 14 de marzo de 2025 se publicó en la Gaceta de la Ciudad un reglamento que establece “acuerdos de facilidades administrativas” para obras vinculadas con el proceso de reconstrucción. Dicho mecanismo permite a las empresas eximirse de diversos trámites y requisitos, entre ellos el programa en materia de protección civil.
Detallaron que cuando la empresa responsable del inmueble acudió a la alcaldía Cuauhtémoc para solicitar permiso de demolición, la autoridad local previno y negó la autorización, al considerar que las condiciones presentadas para la demolición no garantizaban la seguridad necesaria. Esta determinación consta en los oficios correspondientes.
Tras esta negativa, la empresa acudió a la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, instancia que forma parte del sistema de reconstrucción, y obtuvo autorización mediante el mecanismo de acuerdo de facilidades previsto en el reglamento publicado en 2025.
Fue a partir de esa autorización que la empresa pudo iniciar los trabajos de demolición que derivaron en la tragedia ocurrida recientemente.
“En este contexto, la alcaldía considera preocupante que, habiendo autorizado dichos trabajos mediante ese mecanismo, funcionarios del gobierno central pretendan deslindarse de responsabilidades y atribuirlas a otras autoridades, cuando la propia alcaldía había advertido previamente sobre los riesgos de la demolición”.
“La alcaldía Cuauhtémoc cuenta con todos los oficios que acreditan la negativa inicial al permiso de demolición, así como documentos en los que autoridades del Gobierno de la Ciudad han impedido en otros casos, la verificación de inmuebles que fueron acogidos a estos acuerdos de facilidades. Impidiendo que la Alcaldía revise las condiciones de estas construcciones en donde puede estar en riesgo la seguridad de los vecinos”, afirmó el Gobierno de Alessandra Rojo de la Vega.
Asimismo, dijo la administración, existen comunicaciones oficiales en las que se informa a la alcaldía que el personal del Instituto de Verificación Administrativa ha sido reducido en aproximadamente 50 por ciento, además de señalar limitaciones materiales para acompañar verificaciones solicitadas por la demarcación.