Un juez de control concedió la medida cautelar de prisión domiciliaria a Carlota “N”, adulta mayor que asesinó a balazos a los miembros de un sindicato de invasores de propiedades que ingresaron sin autorización al domicilio de su hija, en el municipio de Chalco, Estado de México.
Tras casi un año en reclusión dentro del Centro Penitenciario de Chalco, la defensa de Carlota “N” promovió el amparo 2063/2025, en contra de la resolución del pasado seis de noviembre, cuando una juez impuso que la mujer permaneciera en la cárcel, dado que según la autoridad, existía en riesgo de fuga para no comparecer en el proceso penal, además de que no se garantizaba la seguridad de las víctimas.
Sin embargo, la familia y asesoría legal de la imputada impugnó dicha resolución ante el Juzgado Sexto de Distrito, con residencia en Nezahualcóyotl Estado de México, para que la prisión preventiva pueda cumplirse en su domicilio.
Una vez analizado el amparo, se ordenó dejar sin efectos la medida cautelar dictada en el pasado y que las afectaciones a la salud, fueran determinantes para validar que Carlota “N” requiere de atención médica especializada, la cual no recibe dentro del penal.
En la audiencia, el juez enlistó que Carlota “N” cuenta con un acta de nacimiento en la que acredita que es mayor a 70 años, lo que, en apoyo al artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la prisión preventiva domiciliaria se aplica a personas mayores de 70 años o que padezcan enfermedades graves o terminales.
Asimismo, argumentó el juez, a la mujer se le debe de cumplir la presunción de adulto mayor, lo cual, dijo, se puede comprobar a simple vista.
Adicionalmente, la enfermedad de Diabetes tipo 2 que padece, requiere tratamiento clínico especializado, lo que tiene que ver con su Derecho Humano a la salud. Así, determinó el juez, Carlota “N” debe de estar vigilada por especialistas en padecimientos mentales y que cuiden su alimentación.
Esta resolución obedece a que la mujer tiene derecho al respeto a su dignidad y dado que no cuenta con una sentencia, se debe de respetar su presunción de inocencia sin trato discriminatorio.
El juez explicó que si bien un menor de edad estuvo involucrado en el crimen, al ser una víctima de intento de homicidio a manos de Carlota “N”, no existe un dato de prueba que señale que la familia de la imputada haya molestado al menor o a su familia, por lo tanto, para garantizar la protección del adolescente, la adulta mayor no podrá acercarse a él, así como a su escuela o a su víctima.
Como medidas cautelares adicionales:
- Carlota “N” debe de pagar la suma de 250 mil pesos en cualquier modalidad
- Prohibido abandonar el país, para eso, se instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que avale que la mujer no cuenta con pasaporte vigente
- No cometer otros delitos dentro del domicilio
- No acercarse a las víctimas indirectas
- Uso de dispositivo electrónico (brazalete) con el que se compruebe su estancia dentro del hogar
- No asistir a reuniones sociales
- Visitas al domicilio no anunciadas del Centro Estatal de Medidas Cautelares
- No abandonar el domicilio y presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerida
En caso de no cumplirse, el juez revocará la concesión y Carlota “N” tendrá que regresar al penal de Chalco.
Adicionalmente, la autoridad validó que no se cuenta con datos de prueba que sostengan que Carlota pueda obstaculizar el procedimiento penal, dado que no es un elemento policiaco, tampoco milita en algún partido político ni se desempeña como servidor público.
La defensa de Carlota cuenta con tres días hábiles para presentar la documentación y el monto que el juez requirió, por lo que la mujer podría abandonar el penal de Chalco el 20 o 21 de marzo.
Una vez finalizada la audiencia, Arturo Santana Alfaro, hijo de Carlota “N”, festejó la resolución del amparo, y reafirmó que no aceptarán la propuesta de la Fiscalía en la que se ofreció aceptar la culpabilidad y reducir a un tercio la multa, así como los años de prisión.
Cuando el juez dictó la modificación de la medida cautelar, Arturo Santana extendió la mano a través del cristal que los dividía. Tanto la defensa, como los familiares emitieron expresiones de alivio y alegría.
“Vamos a seguir luchando porque esto no termina aquí, nos vamos a meter al proceso, no vamos a aceptar ningún procedimiento abreviado, vamos a luchar hasta acreditar la legítima defensa de mi madre y de mis hermanos”.
“Lo que nos ha costado toda la vida reunir, nuestro domicilio, nuestra casa, es lo más sagrado que tenemos. El derecho a la propiedad en México persiste y el derecho a la vida también se tiene que defender”, declaró en compañía de familiares y amigos de Carlota “N”, así como de víctimas de despojo que han aprovechado el caso para visibilizar que invasores han tomado sin autorización diversos predios en el Estado de México.