Metrópoli

Recientemente se han registrado delitos cometidos por individuos que se hacen pasar por servidores públicos portando uniformes de personal de limpia o gafetes del Gobierno

Proponen hasta 9 años de carcel para quienes utilicen uniformes piratas de servidores públicos

Delincuentes se disfrazan de trabajadores para cometer delitos

El Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México propuso castigar a quienes porten “uniformes piratas” para hacerse pasar por algún servidor público o autoridad.

La diputada promovente fue Jannete Guerrero Maya, quien detalló que su iniciativa busca reformar el Código Penal para castigar la usurpación de funciones públicas hasta con 9 años de prisión, y multas que pueden llegar a los 59 mil pesos.

La legisladora explicó que en los últimos años en la capital se ha registrado un incremento sostenido en delitos vinculados con la suplantación de personas servidoras públicas, a través de uniformes, insignias falsas o identificaciones institucionales que simulan ser verdaderas para cometer delitos como el robo, la extorsión y el fraude; particularmente en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

Destacó que un uniforme, insignia institucional o credencial, así como vehículos con cromática gubernamental y escudos, no son elementos aleatorios o accesorios, sino símbolos de autoridad que buscan garantizar a la gente legalidad y confianza.

“Su utilización indebida no sólo implica un engaño individual, sino una afectación directa al orden público, al principio de legalidad y a la confianza institucional”, aseguró.

Incrementarán penas en cuatro circunstancias

La propuesta de la diputada Guerrero Maya plantea modificar el artículo 276 del actual Código Penal local a efecto de incrementar las penas en cuatro circunstancias específicas.

Al usurpar funciones públicas cuando se utilicen elementos con apariencia oficial, exista un beneficio económico, se haga para cometer otro delito o cuando las víctimas sean de grupos de atención prioritaria.

La legisladora aseguró que una respuesta penal más severa en estos casos cumple una función preventiva general y envía un mensaje claro de intolerancia frente a la simulación de autoridad.

“Aumentar el costo de una conducta que es deshonesta y que pretende retar a la autoridad por creer que cualquiera puede suplantar al gobierno sin consecuencia alguna, no puede permitirse más”, diputada.

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