Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Gerardo Ramírez Flores, feminicida de Blanca Ruth Pareyon Galvan, quien fue encontrada sin vida por estrangulamiento y asfixia el 19 de junio de 2013.
La víctima era la principal testigo del multihomicidio de la familia Narezo Loyola ocurrido en el año 2002.
Hace 24 años, en la colonia Toriello Guerra de la alcaldía Tlalpan, del entonces Distrito Federal, se reportó un homicidio en el cual fueron hallados cinco cuerpos de la familia completa, la de los Narezo Loyola, así como dos de empleadas domésticas, que fueron víctimas de la masacre.
El caso de la familia Narezo Loyola ocurrió en noviembre de 2002 en la entonces Ciudad de México, específicamente en la zona de Tlalpan. Se trataba de una familia de nivel económico estable, encabezada por Ricardo Narezo y su esposa Diana Loyola, quienes vivían junto a sus tres hijos y contaban además con el apoyo de dos empleadas domésticas. Su vida cotidiana parecía tranquila y sin señales visibles de peligro.
Uno de los asesinos fue Orlando Magaña, amigo y vecino de la familia.
La tarde del crimen, todo comenzó cuando un joven conocido de la familia, Orlando Magaña, llegó a la casa acompañado de otro hombre. Como era alguien identificado por los habitantes del hogar, se le permitió el acceso sin sospechas. Una vez dentro, los agresores sometieron a quienes se encontraban en ese momento: la madre, una de las hijas y las trabajadoras domésticas, atándolas y dejándolas bajo su control.
Uno de los agresores, que ya tenía cierta relación previa con la familia, llegó a la casa acompañado de un cómplice. Precisamente esa familiaridad fue clave: no hubo señales de alerta inicial, ya que su presencia no resultaba extraña. Esto permitió que entraran sin resistencia y que tomaran el control del entorno casi de inmediato.
Horas después, otros miembros de la familia llegaron a la vivienda sin saber lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, todos fueron interceptados por los atacantes. Lo que en principio habría sido un robo, se transformó en un acto de violencia extrema. Las víctimas fueron amarradas, agredidas brutalmente y asesinadas con distintos métodos, lo que evidenció un nivel de crueldad elevado.
Una vez dentro, la situación cambió bruscamente. Los agresores sometieron a las personas que se encontraban en la casa en ese momento, principalmente mujeres: la madre, una de las hijas y las trabajadoras domésticas. Fueron inmovilizadas y privadas de la posibilidad de pedir ayuda, lo que marcó el inicio de un control total del espacio. Desde ese punto, la casa dejó de ser un lugar seguro y se convirtió en un sitio completamente dominado por los atacantes.
En total, siete personas perdieron la vida: los cinco integrantes de la familia y las dos empleadas. Los cuerpos fueron encontrados dentro de la casa en condiciones que reflejaban tanto violencia física como un intento de controlar completamente a las víctimas antes de matarlas.
Uno de los elementos clave del caso fue la existencia de un sobreviviente: un amigo del hijo mayor que se encontraba en la casa y logró escapar, a pesar de haber sido herido. Su testimonio resultó fundamental para reconstruir los hechos e identificar a los responsables.
Los criminales sometieron a las víctimas para robarles sus pertenencias, para después cortarles el cuello y ejecutarlos a tiros en la cabeza.
Estos sujetos tomaron uno de los autos de la familia y se llevaron pertenencias de valor, como la factura del coche, dinero y tarjetas de crédito.
Las investigaciones posteriores determinaron que el móvil principal fue el robo. Los agresores sustrajeron dinero, tarjetas bancarias y un vehículo. Además, se estableció que actuaron bajo los efectos de drogas, lo que pudo haber influido en la brutalidad del ataque y en la pérdida de control de la situación.
Orlando fue detenido 15 días después de la masacre junto a su pareja sentimental, presuntamente entregado por su madre, también amiga de la familia. Este sujeto se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano sentenciado a una condena de 384 años y cuatro meses de prisión.
Aunque el principal responsable fue detenido días después uno de los cómplices logró evadir la justicia durante más tiempo. El caso causó gran impacto en la sociedad, no solo por el número de víctimas, sino por el hecho de que el crimen fue cometido por alguien que tenía acceso directo a la casa, lo que rompió la percepción de seguridad dentro del entorno familiar.
Las autoridades le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de por el delito de feminicidio agravado, en la alcaldía Coyoacán.
Los agentes identificaron a Gerardo Ramírez en la avenida Del Imán, en la colonia Pedregal del Maurel, donde interceptaron al hombre de 52 años de edad y lo pusieron a disposición de la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario de la Ciudad de México.