Especialistas y vecinos de San Ángel, San Ángel Inn y Chimalistac, en Álvaro Obregón, denunciaron que el Gobierno de esa demarcación, encabezado por Javier López Casarín, realiza obras públicas en zonas de valor patrimonial violentando lo establecido en la ley.
Lo anterior, ha generado preocupación debido a que no se están respetando las restricciones establecidas para la conservación de estas áreas históricas.
La importancia histórica de estas zonas se remonta a los antiguos asentamientos prehispánicos establecidos en el sur del Valle de México, que posteriormente dieron paso a un importante desarrollo durante el periodo colonial.
Uno de los elementos centrales de este proceso fue el Convento del Carmen, alrededor del cual se desarrollaron extensos huertos y espacios productivos que marcaron la configuración urbana de la zona.
Con el paso del tiempo, especialmente durante los siglos XIX y XX, muchas de las casonas coloniales y los antiguos espacios de descanso se conservaron, dando origen a los barrios que hoy conocemos como San Ángel, San Ángel Inn y Chimalistac, caracterizados por su arquitectura tradicional, sus calles arboladas y su profundo valor histórico.
Por lo anterior, las diputadas locales del PAN, Claudia Montes de Oca y Liz Salgado, expusieron que cada vez es más frecuente ver en redes sociales reclamos ciudadanos por las obras de pavimentación, “en donde el empedrado es sustituido por manchones de pavimento”.
Entre las principales irregularidades denunciadas destacan intervenciones dentro del polígono establecido para estas zonas de valor histórico, con obras que no observan los criterios de conservación urbana y arquitectónica que deben regir cualquier intervención en áreas patrimoniales y la ausencia de evidencia pública de que dichas obras cuenten con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), requisito indispensable para intervenir en zonas con declaratoria patrimonial.
La diputada Claudia Montes de Oca señaló que dichas omisiones del gobierno de Álvaro Obregón no son menores, pues las zonas de San Ángel, San Ángel Inn y Chimalistac forman parte de uno de los conjuntos históricos más importantes de la Ciudad de México.
Señaló que se trata de una zona con valor reconocido y protegido para preservar su identidad cultural y urbana, “pues se trata de un patrimonio con raíces profundas”.
Al respecto, la diputada Liz Salgado destacó que el patrimonio de dicha zona no es sólo una referencia del pasado, sino forma parte de la identidad cultural de la ciudad y está protegido por normas específicas para garantizar su preservación.
Violenta la legislación
Recordó que la legislación en materia de protección patrimonial establece que cualquier intervención en zonas con declaratoria histórica debe cumplir criterios específicos de conservación y contar con la autorización de las autoridades competentes, entre ellas el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Sin embargo, en distintos casos no existe evidencia clara de que estas disposiciones estén siendo observadas. Lo anterior, abre preguntas legítimas sobre la manera en que se están ejecutando estas obras públicas y sobre el respeto a las normas diseñadas precisamente para proteger el patrimonio cultural de la ciudad.
Ambas diputadas coincidieron en que la protección del patrimonio histórico no es un obstáculo para el desarrollo urbano, sino una responsabilidad pública que obliga a las autoridades a actuar con mayor cuidado y apego a la normatividad.
“Lo fácil es realizar obras sin atender las restricciones legales ni el valor histórico de los espacios en los que se intervienen. Lo difícil, y lo verdaderamente responsable, es hacer las cosas con respeto por la historia, por el patrimonio cultural y por las normas que existen para protegerlos”, precisaron.
Señalaron que en zonas históricas como las de San Ángel, San Ángel Inn y Chimalistac, ese respeto no es una opción: es una obligación legal y una responsabilidad con la memoria de la ciudad.
“El gobierno de la Alcaldía Álvaro Obregón no sólo está obligado a cumplir con las normas de protección, sino a escuchar a la ciudadanía y atender los reclamos”, concluyeron.