Ejercer el periodismo en México se considera una labor de alto riesgo, y aunque la Ciudad de México no encabeza las cifras más críticas en el país, la vulnerabilidad para quienes informan persiste ya que se ha convertido en una labor marcada por riesgos, presiones y, en muchos casos, agresiones que van desde amenazas hasta violencia directa.
México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa —fuera de contextos de guerra—; de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas en 2025 el país se ubicó como el tercero con más periodistas asesinados a nivel mundial.
Artículo 19, la organización internacional independiente que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información, advirtió que la impunidad en los delitos contra comunicadores alcanza hasta el 98%, perpetuando un entorno de violencia sistemática .
En este contexto, el diputado local Ricardo Rubio, del grupo parlamentario del PAN informó que impulsará la creación de un Instituto de Protección a Periodistas de la Ciudad de México, una iniciativa que busca fortalecer mecanismos de prevención, atención y acompañamiento frente a la violencia que enfrenta el gremio; así como garantizar sus derechos.
“Esta iniciativa surge a propuesta de los compañeros periodistas y se busca garantizar la protección de su vida, integridad, seguridad y el ejercicio pleno de la libertad de expresión de quienes sean periodistas y residan, trabajen o ejerzan en la Ciudad de México”, dijo a este diario el diputado Ricardo Rubio, también presidente de la Comisión de Protección a Periodistas.
El legislador detalló que la Ciudad de México, como capital del país y referente en materia de protección de derechos humanos y libertad de prensa, “tiene el deber histórico de ser pionera en la implementación del Instituto que proteja el derecho internacional y nacional de libre ejercicio de la labor periodística”.
Explicó que su propuesta plantea obligar a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (ambas de la capital) a crear unidades de atención especializada para periodistas; que estén obligados a dar respuesta en un tiempo máximo de tres horas ante una denuncia de agresiones y les brinde acompañamiento legal tras ser agredidos.
Además, tendrá que trabajar con organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX; así como con el el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y con organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19.
Rubio destacó que dicha propuesta es de suma importancia ya que amplía y garantiza los derechos de las personas periodistas, obliga al Estado a cumplir con su deber de protección; además se fundamenta en normas nacionales e internacionales vigentes.
¿Qué plantea la iniciativa?
De acuerdo con la iniciativa, el Instituto para la Protección de los periodistas de la Ciudad de México tendrá prioridad presupuestal y autonomía técnica y como objetivo destaca cinco principales acciones:
La primera es es garantizar la vida, integridad, libertad, seguridad y ejercicio pleno de la libertad de expresión de periodistas. En segundo lugar, es diseñar y ejecutar políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para quienes ejercen esta labor.
El tercero es trabajar de manera coordinada con autoridades locales y federales para la atención de agresiones. En cuarto, estará obligado a generar datos, diagnósticos, evaluaciones y análisis de contexto sobre violencia contra periodistas.
Y en quinto, deberá proporcionar atención psicosocial, legal y de seguridad integral a periodistas en riesgo.
¿Qué obligaciones tendrá ?
El Instituto tendrá distintas obligaciones con el fin de brindar mayor protección a los derechos humanos:
I. Atender de manera inmediata los casos de agresión a periodistas.
II. Aplicar medidas preventivas y de protección.
III. Operar un Padrón Voluntario de Periodistas.
IV. Coordinar protocolos con el C5, SSC, FGJCDMX y otras instancias.
V. Emitir recomendaciones a dependencias públicas en caso de riesgos documentados.
VI. Celebrar convenios de colaboración con organismos nacionales e internacionales.
VII. Evaluar riesgos y contextos específicos por zona, tipo de cobertura o medio.
VIII. Emitir informes públicos trimestrales.
“Es una exigencia, de muchos años atrás, de los periodistas locales, que sean protegidos y procurados. Deben contar con los derechos mínimos propios de su profesión y que se les permita realizar su actividad atenuando el riesgo que enfrenten día a día”, afirmó el legislador.