El Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó ante su Consejo General el informe final sobre la eficacia de las acciones afirmativas aplicadas en los procesos electorales locales de 2017-2018, 2020-2021 y 2023-2024.
El estudio fue elaborado en coordinación con el Colegio de México y derivó del cumplimiento de la sentencia TECDMX-JLDC-138/2023 y del acuerdo IECM/ACU-CG-163/2024.
De acuerdo con el documento, el análisis se centró en evaluar cómo estas medidas han influido en la postulación y el acceso a cargos de elección popular de seis grupos de atención prioritaria: personas jóvenes, con discapacidad, de pueblos y comunidades indígenas, de la diversidad sexual y de género, afromexicanas y adultas mayores.
Los principales hallazgos reportan un incremento sostenido en la postulación y elección de candidaturas pertenecientes a estos grupos, particularmente en diputaciones y concejalías. Sin embargo, el informe señala que un mayor número de candidaturas no necesariamente se traduce en mayor éxito electoral, ya que la eficacia de las acciones afirmativas varía según el tipo de medida aplicada, el principio de elección y el contexto político.
El estudio también advierte que estas medidas no garantizan por sí mismas una representación efectiva, pues su impacto depende del diseño de las cuotas, de las estrategias partidistas y del vínculo que mantengan las personas electas con los sectores que representan. En ese sentido, se describe al modelo vigente en la Ciudad de México como dinámico y en constante ajuste.
Asimismo, se destaca que las acciones afirmativas han fortalecido la representación descriptiva y simbólica al aumentar la visibilidad de grupos históricamente excluidos. No obstante, la representación sustantiva, entendida como la incidencia en la agenda pública, depende de factores adicionales como la experiencia política, el respaldo de los partidos y la articulación con las comunidades.
El documento identifica como fortalezas del modelo su institucionalización, la certeza jurídica y su capacidad de adaptación en cada proceso electoral. También reconoce desafíos, como la definición precisa de los grupos beneficiarios, la diversidad de sus características y la necesidad de diseñar medidas diferenciadas que eviten nuevas exclusiones.
Finalmente, el informe plantea recomendaciones orientadas a fortalecer el diseño, implementación y evaluación de las acciones afirmativas con miras a consolidar una representación política más incluyente en futuros procesos electorales.