La Ciudad de México, considerada sede de una enorme diversidad cultural y social, enfrenta numerosos retos; uno de los más relevantes es la planeación del desarrollo, al ser la urbe más grande de país y una de las más grandes del mundo.
Para evitar que las obras afecten a las comunidades y se contemplen sus necesidades, la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza, presentó una iniciativa para crear la Ley de Consulta Previa de la Ciudad de México, para establecer la obligación de las autoridades a consultar a las comunidades antes de autorizar proyectos, obras o políticas públicas de alto impacto en la capital.
En entrevista con este diario, la legisladora panista señaló que es evidente la necesidad de garantizar una planeación meticulosa, que considere las necesidades actuales y futuras de la población, estableciendo proyectos que puedan proporcionar el mayor posible nivel de vida.
“El desarrollo en la ciudad no puede quedar únicamente al arbitrio entre autoridades y desarrolladores, sino que es necesaria la participación ciudadana y la protección de los derechos de sus habitantes”.
Olivia Garza recordó que se han realizado obras que transforman colonias, que afectan la movilidad, el medio ambiente o incluso la identidad de los barrios, obras que se deciden sin la participación real de quienes viven en la zona.
“No puede haber desarrollo sin la voz de quienes habitan el territorio. No se puede decir que vivimos en una ciudad democrática si no se consulta la opinión de los capitalinos”.
¿En que consiste la iniciativa?
La legisladora panista explicó que su propuesta establece que toda obra pública o privada que pueda generar afectaciones en el territorio, el medio ambiente, la movilidad o la calidad de vida deberá someterse a consulta antes de su aprobación.
“Queremos garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que impactan su entorno a través de un modelo más democrático e incluyente como lo es la consulta previa, queremos frenar las simulaciones”, dijo.
¿Cuándo se realizaría la consulta?
La iniciativa establece que la consulta previa sería obligatoria para proyectos no habitacionales que superen los 5 mil metros cuadrados de construcción.
En el caso de desarrollos de vivienda —como edificios de departamentos, unidades habitacionales o conjuntos residenciales—, aplicaría a partir de los 10 mil metros cuadrados de edificación.
La panista aseguró que estas consultas tendrán efectos suspensivos, pues deberá realizarse previo al inicio de la obra, “si no hay consulta, no hay obra”.
“Las vecinas y vecinos tendrán en sus manos la posibilidad de rechazar proyectos, imponer condiciones o exigir modificaciones; es decir, un verdadero peso en la decisión final”, destacó.
El resultado de la consulta tendrá carácter obligatorio cuando participe más del 50 por ciento de la población directamente afectada o convocada.
En los casos en que la participación se ubique entre el 20 y el 50 por ciento, los resultados serán considerados como orientadores para la toma de decisiones.
Para ello, se contempla la participación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que será el encargado de coadyuvar en la organización, desarrollo y validación de las consultas.
Para finalizar, la legisladora precisó que esta iniciativa también reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios a ser consultados conforme a sus usos y costumbres, respetando su identidad cultural y formas de organización.