A través de redes sociales ya circulan videos del altercado que se suscitó la tarde de este jueves 9 de abril en las instalaciones del Congreso, en la Ciudad de México, luego de que una protesta de organizaciones sociales derivara en empujones, lanzamiento de botellas y un intento de ingreso por la fuerza al recinto legislativo.
La protesta fue protagonizada por integrantes de la Asamblea de Barrios, tenía como principal exigencia una respuesta de las autoridades en materia de vivienda. Sin embargo, la protesta escaló rápidamente cuando un grupo de manifestantes intentó abrirse paso en los accesos del inmueble ubicado en el cruce de Donceles y Allende, en el Centro Histórico.
De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la policía capitalina intervinieron para impedir el llamado “portazo”, utilizando polvo de extintores para dispersar a quienes empujaban las puertas del Congreso. En videos difundidos en redes sociales se observan botellas, empujones, gritos y momentos de caos en la entrada principal.
Derivado de este altercado, se detuvo temporalmente la actividad legislativa, por lo que la Mesa Directiva decretó un receso de 30 minutos, mientras personal de seguridad resguardó a diputadas, diputados y trabajadores del recinto.
¿Qué pasó afuera del Congreso?
El fondo de la movilización está relacionado con demandas históricas de acceso a vivienda en la capital, un tema especialmente sensible en zonas céntricas de la ciudad donde colectivos y organizaciones vecinales han denunciado desplazamiento, encarecimiento de rentas y falta de soluciones institucionales.
La presencia de la Asamblea de Barrios frente al Congreso no fue casual, ya que buscaban presionar para abrir canales de diálogo con legisladores y autoridades locales.
Tras los hechos, el Congreso de la CDMX emitió un posicionamiento en el que reiteró su respeto al derecho de la ciudadanía a manifestarse, al considerar que la protesta es parte fundamental de la vida democrática.
No obstante, el Poder Legislativo local también rechazó de manera enérgica cualquier acto que pusiera en riesgo a legisladores, trabajadores o al propio inmueble, considerado patrimonio histórico de la ciudad.