La consulta pública del Proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025–2045 concluyó este 10 de abril con 12 mil 822 propuestas ciudadanas recibidas en la plataforma Plaza Pública y 172 actas de diálogos y acuerdos derivadas de la consulta específica a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
Las cifras sintetizan seis meses de actividades participativas que incluyeron talleres, foros, encuestas y encuentros comunitarios para recoger opiniones sobre el rumbo de la capital en las próximas dos décadas.
De acuerdo con el balance presentado por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, el proceso sumó 486 talleres participativos y 301 foros y conversatorios.
De estos, 158 fueron organizados por dependencias del sector público, 31 por el Congreso local, 49 por sectores sociales, académicos, empresariales y comunitarios, y 63 correspondieron a asambleas territoriales.
Además, se distribuyeron alrededor de medio millón de instrumentos de difusión y opinión para promover la participación presencial.
La consulta dirigida a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes fue coordinada por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
Entre el 10 de octubre de 2025 y el 10 de abril de 2026 se realizaron 258 foros comunitarios y cinco reuniones generales con los 44 núcleos agrarios de la ciudad.
De estos encuentros se generaron 106 actas de diálogos y acuerdos con pueblos y barrios originarios, y 66 con comunidades indígenas residentes, en las que se asentaron planteamientos relacionados con territorio, agua, vivienda, conservación ambiental y reconocimiento de derechos colectivos.
La consulta también incorporó la voz de niñas, niños y adolescentes mediante 98 mil 500 encuestas aplicadas en escuelas de educación básica y otras 2 mil 209 realizadas en una plataforma digital con apoyo de UNICEF. Este ejercicio buscó integrar la perspectiva de las infancias sobre el futuro de la ciudad.
A lo largo del proceso se recibieron 107 documentos elaborados por distintos sectores, que en conjunto suman más de 2 mil 500 páginas y alrededor de 700 propuestas específicas.
Participaron organizaciones vecinales, colectivos urbanos, productores rurales, asociaciones civiles y redes comunitarias, así como cámaras empresariales y colegios profesionales.
Instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México organizaron foros de análisis sobre desigualdades territoriales, vivienda, movilidad, medio ambiente, economía social y planeación urbana de largo plazo.
En paralelo, organismos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda presentaron propuestas vinculadas con infraestructura y desarrollo urbano.
Dependencias del gobierno capitalino también realizaron 158 foros sectoriales para recoger observaciones técnicas y ciudadanas en temas de agua, medio ambiente, movilidad, vivienda, obras y servicios.
Con el cierre de la consulta, inicia la etapa de sistematización de la información recabada. Las propuestas y acuerdos formarán parte del análisis para integrar la versión final del Plan General de Desarrollo, que definirá directrices en ordenamiento territorial, sostenibilidad, infraestructura, inclusión social y desarrollo económico hacia 2045.
Señalamientos de pueblos y organizaciones
En paralelo al cierre de la consulta del Plan General de Desarrollo, pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas residentes y organizaciones vecinales difundieron un posicionamiento público luego de que la Comisión de Derechos Humanos capitalina enviara un oficio al gobierno de la ciudad para solicitar medidas que garanticen el derecho a la consulta y el respeto a los derechos lingüísticos en este proceso.
En el documento, dirigido a la jefa de Gobierno y a la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, los firmantes cuestionan la forma en que se desarrolló la consulta y piden la reposición del procedimiento al considerar que no existieron condiciones claras de metodología, transparencia y deliberación informada.
Señalan que, a su juicio, la consulta no permitió conocer con precisión cómo serían integradas —o descartadas— las propuestas ciudadanas en la versión final del plan que se enviará al Congreso local.
Advierten sobre presuntas irregularidades en asambleas y foros, la falta de acceso al documento definitivo que se pretende aprobar y la ausencia de diagnósticos integrales sobre agua, medio ambiente, movilidad, espacio público y riesgos acumulados en la metrópoli.
También expresan preocupación por lo que consideran una orientación del proyecto hacia procesos de gentrificación, redensificación y turistificación sin evaluar impactos sociales y ambientales.
Tras el oficio de la Comisión, los colectivos invitaron a pueblos y barrios que consideren que no fueron consultados o que estimen que la consulta no se realizó conforme a derecho, a presentar quejas ante el organismo, ya sea en línea, por correo, teléfono o de manera presencial.
En su mensaje público reiteraron que estarán atentos a la respuesta oficial y señalaron que no aceptarán imposiciones en la definición del instrumento de planeación.