El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para tipificar de manera expresa el delito de “monta-rentas” en el Código Penal de la Ciudad de México, con el objetivo de proteger a las y los ciudadanos que buscan acceder a una vivienda.
Lo anterior, ante el incremento de fraudes inmobiliarios en la capital, el diputado promovente, Andrés Sánchez Miranda, detalló que actualmente en la Ciudad de México, “no solo es difícil, sino que también se ha vuelto un riesgo”.
Debido a que hay personas que están perdiendo sus ahorros por confiar en anuncios falsos que ofrecen departamentos que no existen o que no pertenecen a quien los renta.
El legislador expuso que el 75% de los intentos de fraude inmobiliario se presentan en rentas, mientras que el 80% de estos casos se concentran en viviendas con precios entre 7 mil y 14 mil pesos, lo que demuestra que este delito impacta directamente a familias trabajadoras y sectores de ingresos medios.
Asimismo, el legislador destacó que se estima que en la capital, 10 mil 640 personas por cada 100 mil habitantes fueron víctimas de fraude en un solo año, lo que posiciona a este ilícito como uno de los de mayor incidencia en la capital.
Objetivos de la iniciativa
La propuesta plantea la adición de un párrafo al artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal, con tres objetivos principales:
• Reconocer expresamente como fraude la simulación de arrendamientos de bienes inmuebles.
• Incorporar los casos cometidos mediante medios electrónicos, plataformas digitales o anuncios falsos.
• Sancionar el cobro indebido de depósitos, rentas anticipadas o cualquier otro pago sin sustento legal.
El panista señaló que el problema es claro, ya que “el fraude existe en la ley, pero no está definido de manera específica. Eso provoca que muchos casos no se sancionen correctamente y que exista impunidad. Lo que estamos haciendo es cerrar ese vacío legal”, explicó.
Sánchez Miranda subrayó que el fraude inmobiliario ha evolucionado y se comete principalmente a través de plataformas digitales, lo que exige una actualización del marco legal.
“El fraude ya no ocurre solo cara a cara. Hoy está en redes sociales, en plataformas digitales, en anuncios que parecen reales. Y la ley tiene que ir al mismo ritmo que la realidad”, agregó.
Finalmente, precisó que esta iniciativa tiene como eje central la protección de las personas.
“Proteger a quien renta es proteger su patrimonio, su tranquilidad y su futuro. Nadie debería perder su dinero por intentar acceder a una vivienda. En esta ciudad, la ley debe estar del lado de quien hace las cosas bien, no de quien se aprovecha de los demás”, concluyó.