La Ciudad de México formalizó un Pacto contra la Extorsión que articula a los tres poderes locales, alcaldías, fuerzas federales, empresarios, organizaciones civiles, instituciones educativas y comunidades religiosas en torno a una estrategia que ya reporta resultados operativos y que ahora busca ampliar la participación social para romper el silencio en torno a este delito.
Las cifras expuestas durante el acto indican que, entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026 han sido detenidas 335 personas por este ilícito, de las cuales 310 corresponden a extorsión consumada y 25 a tentativa.
Las autoridades señalaron que estas cifras representan un incremento de 45 por ciento en órdenes de aprehensión respecto a 2025 y de 170 por ciento en comparación con 2019.
A la par, el C5 reportó que en marzo de este año se registró una disminución de 29.2 por ciento en extorsiones consumadas informadas vía telefónica respecto al pico más alto observado en agosto de 2025.
Otro dato importante es que 87.5 por ciento de los reportes recibidos por la Línea Antiextorsión corresponden a tentativas que no llegaron a concretarse, lo que, según las autoridades, refleja una mayor reacción oportuna de la ciudadanía.
En 17 meses de operación, esa línea ha recibido 4 mil 515 reportes y solo 12.5 por ciento se relacionan con casos consumados. Además, 45.6 por ciento de las llamadas han sido realizadas por mujeres, lo que llevó a reforzar la atención con perspectiva de género.
Cambios legales y nuevas capacidades operativas
Como parte de esta estrategia, el gobierno capitalino anunció que enviará al Congreso local un paquete de reformas para armonizar el Código Penal con la legislación federal y crear un nuevo tipo penal denominado “hostigamiento coercitivo”, con el objetivo de sancionar con la misma severidad la tentativa de extorsión. Tanto la extorsión consumada como esta nueva figura serían considerados delitos graves.
En el plano operativo, se informó sobre la creación de un Gabinete especializado contra la extorsión, la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios, el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en este delito y la puesta en marcha de un Centro de Atención Inmediata contra la Extorsión, donde se brindará asesoría, acompañamiento jurídico y psicológico, así como protección a denunciantes y testigos.
También se prevé la instalación de alarmas, cámaras y botones de emergencia en comercios que reporten amenazas, la creación de redes vecinales y de comerciantes, y la impartición de talleres para saber cómo actuar ante llamadas, mensajes o cobros presenciales.
La estrategia incluye el fortalecimiento de la inteligencia patrimonial y financiera para seguir la ruta del dinero que sostiene a las redes de extorsión.
Llamado a denunciar
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que la extorsión es un delito que se sostiene en el miedo y el aislamiento de las víctimas, por lo que la participación comunitaria es clave para enfrentarlo.
Señaló que existe un subregistro importante debido al temor de denunciar y afirmó que el objetivo central es que la población se sienta acompañada por el Estado.
“La extorsión cambia por completo la vida de familias enteras. Les roba la paz y convierte su vida, a veces, en un infierno. Por eso este pacto no es un evento, es el inicio de un proceso social y comunitario para que nadie enfrente este delito en soledad”, expresó.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó que desde noviembre de 2024 se implementó una estrategia basada en cambios normativos, promoción de la denuncia, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional, lo que ha permitido incrementar las detenciones y la capacidad de atención a víctimas.
Por su parte, la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, informó que en julio de 2025 se creó la Fiscalía Especializada en Extorsión y que se ha fortalecido la Policía de Investigación con herramientas tecnológicas como bancos de voces, análisis de datos telefónicos y financieros, y una Unidad Criminalística de Proximidad que acudirá directamente con las víctimas para iniciar investigaciones sin que tengan que trasladarse a un Ministerio Público.
Coordinación institucional
El coordinador del C5, Salvador Guerrero, expuso que la atención inmediata ha permitido desactivar extorsiones en curso mediante asesoría técnica telefónica y que la mayoría de los reportes son intentos fallidos, lo que atribuyó a una mayor confianza ciudadana y reacción temprana.
Representantes del Congreso local y del Poder Judicial coincidieron en que el pacto debe traducirse en acciones permanentes y en una política de “cero tolerancia” frente a este delito. Legisladores anunciaron su disposición para respaldar las reformas propuestas y fortalecer el marco legal.
El documento del pacto establece compromisos de gobierno como atención de calidad, acompañamiento, prevención, investigación, coordinación e innovación, y compromisos sociales como promoción de la denuncia, organización comunitaria, comunicación y uso de tecnología.
Las autoridades reiteraron que los reportes pueden realizarse a la Línea Antiextorsión, al 911 y al 089, incluso de manera anónima, y enfatizaron que cada denuncia permite abrir investigaciones que pueden derivar en detenciones y desarticulación de redes criminales.