El cáncer de la invasión de inmuebles en el Estado de México a manos de criminales disfrazados de sindicatos de trabajadores se extendió con libertad durante años, como una problemática poco visible en la entidad, dado que la impunidad y el estancamiento en las denuncias y en las carpetas de investigación y la débil legislación para sacar a los despojadores de los predios que no les pertenecen, lograba que miles de ciudadanos perdieran su propiedad sin que los agresores fueran perseguidos.
En algunos casos, la criminalidad que opera principalmente en la zona oriente del estado, ofrecía arreglos con los dueños de las casas, a la vista de todos y sin temor a que las denuncias en su contra avanzaran. Fue hasta que el caso Carlota, la adulta mayor que asesinó a los despojadores de su hija en el municipio de Chalco, se viralizó, las autoridades implementaron estrategias de seguridad y agilización de casos de invasiones de larga data, no obstante, comentan víctimas, estos delincuentes continúan sus actividades delictivas bajo la amenaza de que integran grupos sindicales o son cercanos a políticos en el poder, personas que no han sido detenidas.
La casa de Felipe estuvo invadida durante tres años en la colonia Los Reyes, Ixtapaluca, al oriente de la entidad mexiquense, por una mujer y su hijo que se decían afines al partido Morena y protegidos por funcionarios de la presidencia municipal. Tras meses de no acudir a la propiedad a causa de un problema personal, el hombre encontró a los invasores dentro de su casa y tras solicitarles que se fueran, los delincuentes pretendían pagarle la casa a precio de remate.
“La visión de los invasores era quedarse con la casa. Hablé con la señora (despojadora) quería el traspaso de la casa pero no llegamos a ningún arreglo para solucionar ese problema. Fui a ver a varios licenciados para que me ayudaran, pero los costos que me ponían eran inalcanzables. No se querían ir, querían darme una cantidad para que yo dejara ese asunto, 50 mil pesos por la casa, cosa que me dio risa. La señora era prepotente, me decía que tenía influencia en el municipio y que tenía mucha gente de Morena, lo clásico que te quieren espantar”, relató Felipe a Crónica.
En tres años, Felipe no tuvo acompañamiento de las autoridades, ni de la policía municipal cuando intentaba convencer a los criminales de que le devolvieran su vivienda, aún cuando los invasores citaban a la víctima a altas horas de la noche para intentos de negociación.
“Volví a hablar con ella y su hijo, muy violento, me citó después de las 10 de la noche, no tenía nada que ir a hacer allá a esa horas, no fui, no fue por miedo, pero podía pasar algo. La segunda vez me citó a las 9:30 de la noche, quería llevar a mi pareja para ver si querían tomar el asunto con seriedad y me di cuenta que era una mentira, estaban dando largas, ella (la invasora) me decía que tenía un hijo en Estados Unidos que le iba a mandar dinero para que llegáramos a un arreglo y nunca se hizo”.
Aunque en este caso, los invasores dejaron la propiedad, los criminales no han sido detenidos, incluso, pasean por la zona y continúan con amenazas hacia otros vecinos. Incluso, comenta Felipe, la mujer se apropió de dos casas más en la zona bajo el mismo modus operandi.
“He visto a la señora (despojadora) he ido con mi pareja, ahorita estamos pintando y echando mano a la casa. La señora ha ido a amanecer a una persona, que si me estaba ayudando, se atuviera a las consecuencias”.
Fue hasta que Felipe se acercó con el grupo de Arturo Santana, hijo de Carlota “N”, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que las autoridades agilizaron el caso, atendieron la denuncia y emitieron un oficio en el que se citaba a la invasora a comparecer ante las autoridades. Una vez con el documento, la víctima lo pegó en la puerta del domicilio y de inmediato, los criminales salieron de la propiedad.
Sin embargo, luego de que los agresores abandonaron el predio, dejaron la propiedad en mal estado y sin los muebles que permanecían ahí antes de que invadieran la casa.
“Cuando vieron el sello de la Fiscalía, al tercer día ya estaban sacando cosas”.
Previo a la colaboración con el equipo de Santana y la Fiscalía, Felipe, como otros afectados, únicamente tenían a su alcance asesoría de personas que ante la desesperación de las víctimas, ofrecían saqueos violentos de los invasores, en los que mediante el uso de la fuerza, se expulsaba a los criminales.
“Toqué varias puertas pero me decían que era darles una cantidad para sacar a las personas a la mala, eso no me agradó porque quien se queda con los problemas soy yo. Los licenciados me decían: yo pido tanto y mañana están afuera, mientras haya dinero las cosas se hacen rápidamente. Las autoridades hicieron caso con tanto problema.
La “Operación Restitución” ha tenido presencia en Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tenango del Valle, Tenancingo, Toluca, Villa Guerrero y Zumpango.
Tras un cambio en la legislación federal, en el artículo 395 del Código Penal se estableció que habrá una pena de entre 10 y 15 años de cárcel para los autores intelectuales de los despojos realizados por un grupo de personas, y de cinco a 25 años a quienes se dediquen a este ilícito de forma reiterada.
Asimismo, se añadió un artículo 395 Bis para incluir agravantes para sancionar con seis a 10 años extras de prisión a los servidores públicos que participen en los hechos, y para los delincuentes que se hagan pasar por notarios o notificadores para intimidar a las víctimas; afecten a adultos mayores o personas con discapacidad. o usen documentación falsa para ostentarse como dueño de algún inmueble para concretar el despojo del mismo.