Los colectivos de familias buscadoras de personas desaparecidas retornaron a la laguna de “La Habana”, en la calzada Tláhuac - Chalco, donde, por segundo día consecutivo, evidenciaron que los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), no revisaron íntegramente la tierra donde los solidarios y activistas han encontrado más de mil 79 restos humanos.
Aunque en los primeros días de exploración, las autoridades aparentemente realizaron un trabajo correcto, en una segunda revisión de los montículos de tierra, las buscadoras localizaron fragmentos óseos que la Fiscalía no había reportado.
Esta jornada de búsqueda finalizó el 10 de abril, pero cuando las familias se percataron que la tierra no había sido verificada correctamente, la revisaron nuevamente, donde cada día se recolectaron más de 50 partes de personas.
Esto, acusan las víctimas, duplicó los esfuerzos, tiempo de trabajo y desgaste. Además, en medio de las labores de criba — separación de materiales finos de los gruesos de la tierra — el personal pericial señaló que podría tratarse de vestigios arqueológicos, sin algún análisis de contexto, estudio arqueológico o procesamiento de indicios.
Esta afirmación enfureció e indignó a los colectivos, dado que, denuncian, no es la primera vez que, sin sustento científico, las autoridades afirman la temporalidad de los restos, que probablemente podrían corresponder a casos de desaparición recientes o de años previos.
“Es una zona de alto índice delictivo, nosotros rechazamos la narrativa de que pueda tratarse de vestigios prehispánicos hasta que se nos de la claridad con periciales, estudios, que vengan expertos, que se haga un análisis de contexto tanto de la zona, como de todos los restos que se están encontrando. Ayer, penosamente, nos dimos cuenta que la tierra que supuestamente había sido cribada y analizada por los peritos de la Fiscalía, no había sido bien trabajada y es por eso que nosotros duplicamos el trabajo que ya estaba hecho”.
“Vuelve a ser revictimizante, pensamos que existe una administración de dolor, de las autoridades que se encargan de procesar estos indicadores y tenemos que seguir haciendo su trabajo”, dijo a Crónica Jacqueline Palmeros, dirigente del colectivo “Una Luz en el Camino”.
Desde las 10:30 horas que inició la jornada, las madres buscadoras “dieron clase” a los peritos. Vestidas con trajes blancos que evitan la contaminación de los indicios, se adelantaron a cribar la tierra, a medir los posibles restos óseos y a cargar las pesadas cubetas con material del suelo.
Su indignación creció dado que, a partir del crecimiento de los hallazgos de más de 840 huesos como mandíbulas y fémur, y tras nueve días de labores, ninguna autoridad había acudido a acompañar o a emitir un pronunciamiento oficial que visibilice la gravedad de la situación.
“A ellos no les ha interesado venir a hacer un análisis de contexto del lugar. Quienes solicitamos a algunos peritos para hacer un análisis de contexto, somos nosotros y ayer los mandaron. A ellos no les interesa darnos una explicación, clarificar y transparentar qué es lo que está sucediendo aquí”, acusó Jaqueline Palmeros.
En otra zona, el personal de la FGJCDMX, según las familias, hacía mal la criba. Ellas eran quienes señalaban la manera en la que tenían que cavar y revisar el suelo. En ese momento, las autoridades insistieron en que los fragmentos óseos podrían haber sido enterrados siglos atrás, pronunciamiento que provocó el enojo de los colectivos.
Además, reprocharon que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debía de verificar los huesos, igualmente, señalaron y le explicaron a la Fiscalía el número de estudios por los que debe de ser procesado un hallazgo posiblemente de procedencia humana.
De inmediato, Jaqueline Palmeros reclamó a los peritos: “no nos vamos a aferrar a una teoría que no sea, existen muchos estudios para determinar si son o no prehispánicos. Se debe de tener un proceso, los restos deben de tener exámenes mitocondriales y con transparencia para que me digan sí son prehispánicos. Eso es lo delicado de hablar al aire y decir ‘yo creo’; yo también puedo creer que es mi hija pero no”.
“Es muy importante cuidar sus palabras. Juegan con nuestra mente, sentimientos, emociones y hasta se burlan de nosotros. Toda la Fiscalía burlándose de las familias, cuando desde el día dos pudieron haber traído al salvamento y darnos una respuesta.
“Toda la vida nos manejan narrativas, cuando estamos en una zona de conflicto. Aquí necesitan hacer un estudio de contexto donde las familias tengamos la certeza de cómo llegó esto aquí, eso nos puede dar otros puntos de vista y saber a quién pertenecen, si son vestigios o está combinado”, exigió Palmeros mientras sostenía la pala. Los peritos únicamente asentían.
También, la madre buscadora llamó a ejecutar un ejercicio en el que se calcule la cantidad de agua de la laguna que cubre la superficie terrestre en temporada de lluvias, para comprobar si restos humanos debajo del agua son arrojados al exterior.
“Es vergonzoso, a nosotros nos generan dolor, incertidumbre, nos revuelven emociones, sobre todo a las mamitas que buscan en esta área y que yo vi que se burlan de las familias”, agregó.
Y mencionó que en la Ciudad de México, el primer argumento de las autoridades en el hallazgo de restos es que pertenecen a víctimas sepultadas en sismos o que son de difuntos de panteones antiguos.
Ni el ardiente sol ni el riesgo de la operación criminal en la zona detuvo a las buscadoras. En repetidas ocasiones, llamaban a la Fiscalía para que les mostraran los hoyos en los que supuestamente examinaron.
Grupos delictivos pesan más que vestigios prehispánicos
La Familia Michoacana, dedicada al secuestro, extorsión, trata de personas, robo de vehículo y homicidios, tiene presencia en el municipio de Chalco y en los límites con Tláhuac.
De este grupo se descendieron “Los Julianes” implicados en la venta ilegal de predios irregulares.
También los Rodolfos son uno de los principales grupos generadores de violencia en el municipio mexiquense, así como “La Empresa”, narcomenudistas que migraron de Tláhuac.
Los Gastones están aliados con el llamado Cártel de Tláhuac y se dedican a la venta de droga en la zona, extorsiones y homicidios. Su presencia principal es en los municipios de Valle de Chalco, Chalco y Tláhuac.
Por igual, el Cártel de Tláhuac, fundado por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, se extendió al municipio de Chalco y es identificado como generador de violencia, dedicado a la extorsión y distribución de droga, donde la calzada Chalco - Tláhuac, donde se ejecutó la búsqueda, fue su principal zona de actividades delictivas.
Con todo y que la zona oriente del área metropolitana fue un sitio de paso para la conquista española, es cierto que para los colectivos, la presencia de los cárteles y grupos delictivos pesa más para el crecimiento de la desaparición forzada y hallazgo de restos óseos en los parajes y lagunas, de personas que pudieron haber sido víctimas de un delito.
Una vez finalizada la discusión, se cuestionó a funcionarios del INAH en el sitio si es posible que, como lo sostuvo la FGJCDMX, es posible que ellos califiquen lo encontrado como vestigios arqueológicos, a lo que respondieron que su labor únicamente se trata de revisar vasijas y otros objetos para estudiarlos y definir su data.
Esa declaración fortaleció la postura de las buscadoras en las que las intentaban convencer de que los huesos tenían siglos de antigüedad.
“El personal del INAH nos comentó que ellos venían a hacer un dictamen de todos los fragmentos de vidrio, de cerámica y que al tratarse de una zona prehispánica, seguramente íbamos a encontrar estos indicios que están mezclados con vidrio y cosas contemporáneas, ellos no pueden afirmar que se trata de un contexto prehispánico y menos tratándose de los restos que eso lo tendría que descartar Fiscalía”.
“Frecuentemente utilizan narrativas para desviar la información, no se puede afirmar algo que no ha sido estudiado”, aseguró Palmeros a Crónica.
Ante las deficiencias de la labor de las autoridades, los colectivos emitirán un oficio a la Fiscalía y a la jefatura de Gobierno para evidenciar las irregularidades en el proceso.