Cada año, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rompe su marca en indagatorias en las que se involucra a sus trabajadores en graves faltas como corrupción y negativas a realizar su labor de procuración de justicia. Aunque en casos que se volvieron mediáticos, como el feminicidio de Edith Guadalupe, se expuso la manera en la que dos Policías de Investigación (PDI) y un Ministerio Público presuntamente exigieron dinero a cambio de agilizar la búsqueda de la joven, estos actos de negligencia ocurren todos los días en la institución que promete “más capacidad institucional y más justicia para la capital”.
Sólo en 11 meses, policías, peritos y Ministerios Públicos acumularon mil 679 expedientes por actos de corrupción, actitudes en las que rehúsan a cumplir su deber cuando una víctima acude a las agencias territoriales a denunciar algún delito y por malos tratos a manos de servidores públicos con falta de espíritu de servicio, anclados a viejas prácticas hacia quien busca justicia.
Con prácticas fuera de la Ley y negligencias que llevan a investigaciones deficientes, sólo de mayo del 2025 al 24 de marzo del 2026, los Ministerios Públicos se llevaron el primer puesto en todas las categorías que entorpecen la apertura de carpetas de investigación, fortalecimiento de indagatorias y activación de protocolos para auxiliar a víctimas de delitos de alto impacto. Por negativa — cuando el empleado no realizó sus obligaciones laborales — se abrieron mil 488 expedientes; 66 por malos tratos y 41 por corrupción.
Aún cuando los MP y PDI son los primeros respondientes cuando una persona es objeto de un crímen y se convierten en la única vía para iniciar indagatorias contra agresores y activación de protocolos contra la desaparición forzada, entre otros ilícitos, y que los delitos no queden en la impunidad y en la cifra negra, muchos no realizaron correctamente su labor.
Los PDI acumularon 57 acusaciones en Asuntos Internos por negativas en los 11 meses mencionados; seis por corrupción y cuatro por malos tratos. En tanto, el personal pericial registró 17 señalamientos por negativas.
Fiscalías no responden al poder
Según especialistas como Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES), esta problemática tiene que ver con el monopolio de las Fiscalías para integrar las investigaciones, lo que aseguró, multiplica las oportunidades de corrupción, valiéndose de una autonomía en la que al no poder tener injerencia para ser depuradas desde el poder ejecutivo, provoca que las viejas prácticas no puedan ser erradicadas.
“Hay muchas instituciones que erróneamente se han reseteado o han desaparecido, la Policía Federal, el Estado Mayor Presidencial, la única que promovería su desaparición es de las Fiscalías porque tienen un grado de necrosis. Ninguna destrucción de esas instituciones ha mejorado la situación de seguridad y aunque reseteara hoy todas las Fiscalías, si sigue habiendo esa autonomía donde no responden al poder político o donde tienen el monopolio de los actos de investigación, nadie más puede hacer políticas de seguridad significativas si no es a través de monopolio de la Fiscalía, en 15 años se vuelve a corromper”.
“Propuestas cómo la de World Justice Project dicen: imitemos lo que ocurre en la mayor parte del mundo, donde todas las policías se consideran de investigación, con permiso legal para procesar una escena del crimen y que las Fiscalías tengan un rol más acotado de ser abogados. Otra opción que han promovido víctimas de esta clase de abusos es que hubiera una ruta legal para que el abogado de la víctima no fuera el MP, si no que fuera un abogado que puede contratar la propia víctima, ese caso e interesante porque uno puede contratar un despacho o un abogado muy feroz pero viene con la desventaja de que acaba uno reforzando el clasismo en el acceso a la justicia, de quien sólo quien puede pagarlo tendrá un litigio penal altamente eficiente”.
El especialista también ve cómo alternativa la conversión de las policías de preventivas a investigadoras y reducir la función de la Fiscalía a una labor de litigio, sin que intervengan en actos de indagación.
Poco personal capacitado VS el sancionado
De manera general, en 2022, el área de Asuntos Internos de la FGJCDMX reportó tres mil 992 expedientes; cuatro mil 559 en el año siguiente; cinco mil 281 en 2024 y de enero al siete de mayo del 2025, dos mil 79 investigaciones por faltas cometidas por el personal.
Aunque el plan de trabajo a la llegada de la fiscal, Bertha Alcalde, implicó atención de calidad con un modelo de atención temprana, esto sólo implicó la capacitación de 350 personas en entrevistas, recepción de denuncias y atención de personas usuarias, lo que, según la titular, mejoró la atención desde el primer contacto y reducción de rezago en las etapas iniciales de la investigación, el personal instruido sólo representó el 20 por ciento de los que fueron sujetos a investigaciones por negligencias.
El personal policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destituido por carácter correctivo emitidas por los Órganos de Honor y Justicia también incrementó con el paso de los años.
- 2022 - 3 bajas
- 2023 - 58
- 2024 - 42
- 2025 - 26
- 2026 (1 de enero al 24 de marzo) - 5
Esto se refleja en datos estadísticos proporcionados por opiniones ciudadanas, por ejemplo, en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, 40.7 por ciento refirió que su denuncia ante el Ministerio Público o Fiscalía estatal se encuentra en trámite, , en tanto que 39.2 por ciento respondió que no ha observado algún avance y sólo 3.7 por ciento de los casos, el delincuente compareció ante un juez.
Además, el entrevistado advirtió que la redacción del Artículo 21 de la Constitución Política, que dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, sumado a que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, minimiza a los demás entes de seguridad y le atribuye casi en su totalidad la capacidad al Fiscalía para la procuración de justicia.