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La propuesta tiene el objetivo de fortalecer el derecho a la educación, proteger la salud mental y generar entornos escolares más seguros

PAN propone blindar planteles escolares contra adicciones

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El gripo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso local presentó una iniciativa busca establecer en la ley la obligación permanente de implementar programas integrales de prevención de adicciones dentro de los planteles escolares (de educación básica y media superior).

La propuesta consiste en reformar el artículo 9 de la Ley de Educación de la Ciudad de México para incorporar mecanismos de detección temprana, atención psicológica, participación de madres y padres de familia, así como coordinación institucional entre las autoridades educativas y de salud.

El promovente de la iniciativa, Ricardo Rubio, destacó que su propuesta tiene el objetivo de fortalecer el derecho a la educación, proteger la salud mental de las y los estudiantes y generar entornos escolares más seguros y saludables para las juventudes capitalinas.

Detalló que el consumo temprano de sustancias psicoactivas representa una problemática de salud pública, seguridad y permanencia escolar que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes en la capital del país.

“La prevención no puede depender únicamente de programas temporales o decisiones administrativas; debe convertirse en una obligación legal permanente que garantice la protección integral de las y los estudiantes”, aseguró el diputado.

Además de la implementación permanente de programas integrales de prevención de adicciones en escuelas de educación básica y media superior, la iniciativa también busca capacitar al personal docente en prevención y detección temprana de consumo de sustancias.

Así como la participación activa de madres, padres y tutores en estrategias preventivas, la coordinación entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para canalización y seguimiento de casos.

Además busca la incorporación de criterios de inclusión, no estigmatización y confidencialidad para proteger a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, contempla que las autoridades educativas elaboren lineamientos específicos, indicadores de evaluación y programas obligatorios de capacitación para personal directivo y docente en materia de prevención integral de adicciones.

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