El Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 415 personas por el delito de defraudación fiscal de 2022 a 2026 en la Ciudad de México, es decir, personas físicas o empresas que omitieron total o parcialmente el pago de impuestos mediante engaños, simulaciones o aprovechamiento de errores, sin embargo, aún con la gravedad de este delito, que según autoridades, afecta gravemente la recaudación nacional, únicamente en el cuatro por ciento de los casos se ejecutaron órdenes de aprehensión.
Esta baja resolución de casos en los que se logra la detención de los probables responsables es débil aún con el endurecimiento de las penas hacia este crimen; uno de estos intentos, cuando en 2019, la Cámara de Diputados aprobó la minuta que tipifica la defraudación fiscal como delito de delincuencia organizada y al mismo tiempo crecieron las sanciones para quien lo cometiera. Impunidad que, según especialista, se debe a las fallas en el sistema judicial mexicano, en el que tanto evasores fiscales y personas implicadas en el crimen organizado, logran imponer recursos legales para no comparecer ante una autoridad judicial, lo que genera una alta cifra negra en la persecución de daños al erario.
El número de acusaciones iniciadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se mantuvieron en números promedio, sin bajas notables en contribuyentes deudores denunciados. En 2022, la dependencia formuló 124 denuncias, 11 para el año siguiente, en tanto que, para el 2024 descendió ligeramente a 85 acusaciones; 77 en el 2025 y para el primer trimestre del 2026, 18 personas físicas y morales ya contaban con una querella en la FGR por evadir al SAT.
Este crimen implica dolo, es decir, intención de engañar al fisco mediante facturas falsas, contabilidad doble, o simulación de operaciones. En consecuencia, este ilícito puede conllevar penas de tres meses a nueve años de prisión.
No obstante, la cifra de carpetas de investigación iniciadas en la FGR por estas acusaciones no supera más del 35 por ciento de las querellas presentadas por Hacienda en el MP anualmente.
- 2022, se abrieron 44 indagatorias formales, 35 por ciento del total de las denuncias
- 2023, sólo 32 por ciento de las demandas lograron un proceso inicial de investigación (36)
- 2024, se iniciaron 23 carpetas, 27 por ciento del total de denuncias
- 2025, se iniciaron 25 averiguaciones formales, 32 por ciento de las querellas
- 2026, con cinco pesquisas, 27 por ciento del acumulado de acusaciones ante el MP
En consecuencia, las evasiones que llegaron a órdenes de aprehensión en la capital no supera el 4.8 por ciento de los casos que Hacienda calificó cómo competentes para que la autoridad competente los indague.
- 2022, 10 órdenes de aprehensión, 22 por ciento del total de carpetas de investigación
- 2023, tres capturas, ocho por ciento de las indagatorias iniciadas
- 2024, cinco arrestos, 21 por ciento de las investigaciones en el MP en ese año
- 2025, dos órdenes de aprehensión cumplimenadas, 25 por ciento de las carpetas de investigación
- 2026, ninguna origen de captura ejecutada
Las autoridades sólo califican este delito cómo delincuencia organizada cuando tres o más personas se organicen para cometer, en forma permanente o reiterada la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Esto exclusivamente cuando el monto de lo defraudado sume más de siete millones 804 mil 230 pesos.
Pocas órdenes de aprehensión por recursos legales en manos del crimen
David Saucedo, especialista en seguridad, explicó a Crónica que la problemática en la persecución de delitos financieros radica en el poder que tiene el crimen organizado sobre el sistema judicial mexicano,que con el uso de procesos legales, amparos y recursos, ganan la batalla a las Fiscalías que imponen trabas a cuentas bancarias y posesión de inmuebles adquiridos de manera ilícita de evasores del fisco; además, advierte, la persecución del delito de defraudación fiscal en ocasiones es usado para perseguir únicamente a figuras opositoras al régimen en turno.
“Hay un esfuerzo que no tiene muchos frutos, es frecuente la congelación de cuentas, el intento para incautar bienes y cómo los narcotraficantes logran mediante fallos de jueces y magistrados, revertir todas las medidas que aplican las Fiscalías de confiscación, cancelación de cuentas, apropiación de inmuebles y extinción de dominio, pero la penetración de crimen organizado en el Poder Judicial revierte esta capacidad de las Fiscalías, pero en la pelea jurídica, el crimen organizado normalmente derrota”.
“La investigación de delitos de cuello blanco para políticos o empresarios que están en la oposición a la partido político que tiene bajo control a la Fiscalía estatal o federal, esto es evidente en políticos que se busca perseguir mediante situaciones fiscales, donde las Fiscalías sí obtienen triunfos contundentes en contra de sus opositores. También las empresas y empresarios que están en rutas de colisión con el estado y que son objeto de una investigación direccionado y se enfrascan en una batalla legal”, dijo Saucedo.
Para que el SAT pueda acudir al Ministerio Público de la FGR y acreditar que se configuró la defraudación fiscal, es suficiente que el contribuyente omita presentar, por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, o las de un ejercicio fiscal, dejando en ambos casos de pagar la contribución correspondiente.
“Lo que ocurre con la investigación de delitos de cuello balnco — de naturaleza no violenta e incluyen corrupción pública, fraude en el sector sanitario, fraude hipotecario, fraude bursátil y blanqueo de dinero — es similar a lo que ocurre con los delitos de homicidio, secuestro y extorsión, hay una cifra negra de delitos que no se denuncian, que la autoridad no detecta y las denuncias son muy pocas las que derivan en orden de aprehensión, vinculación a proceso y las que llegan a juicio con una sentencia condenatoria son más reducidas y con una reparación del daño son minúsculas. No hay como tal impartición de justicia en delitos financieros, hay un intento pero la mayoría de los delitos se quedan sin castigar, México es un paraíso fiscal para la comisión de este tipo de delitos”.
Ante la nulidad de una métrica de éxito de resolución de crímenes fiscales, el especialista señaló que esto se agrava con la participación de funcionarios poco aptos para la investigación de delitos relacionados al blanqueo de dinero y evasión de impuestos, como, acusó, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez; “por su falta de capacidad para llevar a juicio y procesar a políticos y empresarios afines al régimen”, detalló.
Para el fortalecimiento de las carpetas de investigación de quien con uso de engaños omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, Saucedo sugiere que el marco legal requiere de adecuaciones sustantivas, ya que algunos tipos de delitos no están tipificados, porque los ilícitos financieros evolucionan y el marco legal tiene un atraso.
“El número de agentes de investigación criminal enfocados a la persecución de delitos financieros es muy reducido, en ocasiones un agente debe de atender al mes 100 casos, eso es imposible, tiene que seleccionar con su criterio algunos casos de mayor importancia”.
“Los norteamericanos están pidieron una homologación de la investigación de delitos financieros en México, al esquema que ellos tienen en Estados Unidos, pero a los retos que ya tenía nuestro sistema judicial en materia de persecución de delitos financieros, tienen un reto adicional, que es tratar de atender las directrices de Washington, en lo que a ellos les interesa, el blanqueo de capitales en recursos de procedencia ilícita”.
“Tenemos un sistema impositivo mexicano complejo, la miscelánea fiscal es muy difícil de interpretar, otros países tienen esquemas distintos, no gravar el ingreso — imponer impuestos o cargas tributarias —, gravar el consumo, nuestro esquema privilegia a regrabar el ingreso y esto lleva a la evasión fiscal. Hay otros esquemas impositivos en el mundo que gravan el consumo, tenemos que caminar hacia allá, debemos de establecer un impuesto a los grandes magnates por ganancias extraordinarias y una de las fórmulas para disminuir la evasión fiscal sin llegar a proceso judiciales es gravar el consumo”, concluyó el especialista.