El grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México anunció que no acompañará la iniciativa de “Rentas Justas” enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Las y los legisladores aseguraron que dicha reforma plantea varios puntos negativos, entre ellos señalaron que:
La propuesta plantea regular una relación entre particulares (contratos de arrendamiento); sin embargo, se debe tener presente que los objetivos principales de una Constitución son el reconocimiento de derechos, la forma de garantizarlos a la ciudadanía y establecer la estructura institucional del Gobierno.
“No tiene fundamento para regular las relaciones entre particulares, ya que es propio de las disposiciones civiles, mercantiles y en su caso, de comercio. En el país no hay Constitución Estatal que regule este tipo de relaciones contractuales”, comentó Jesús Sesma.
Añadió que la iniciativa de Brugada también fomenta la permanencia de las personas o “arraigo vecinal” como lo refiere; lo que puede originar son contratos de arrendamiento con una duración máxima de un año.
“Eso permitiría modificar libremente el precio de la renta cada que concluya un contrato, generando una búsqueda obligada de otros lugares para vivir y/o rentar y, por consiguiente, una vida más nómada”.
Además, señala que emplean conceptos ambiguos y sujetos a interpretación al no estar definidos con claridad en la legislación o por la Suprema Corte, como es: “arraigo vecinal”, “relaciones inquilinarias”, “relaciones justas y equilibradas” que están sujetas a la subjetividad u por ende a la arbitrariedad; contrariando los derechos humanos de certeza y seguridad jurídica, en perjuicio de la ciudadanía.
Y propone la creación de una Institución Pública para la promoción y defensa de los derechos en materia de arrendamiento habitacional, pero no precisa la naturaleza jurídica que tendrá esta institución, si será autónoma y de quién dependerá; podría duplicar las funciones que desempeña el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal, con reconocimiento en la Constitución y que tiene facultades para diseñar los métodos alternativos de solución de controversias entre particulares.