Un juez a proceso de un adolescente de 16 años por los delitos de extorsión agravada, en perjuicio de dos hombres, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por crímenes ocurridos en la alcaldía Iztapalapa.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el nueve de junio de 2026 por una de las víctimas, quien acusó que el pasado seis de junio él y su hermano viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados por dos sujetos armados en una motocicleta.
De acuerdo con las indagatorias, el adolescente y otro hombre habrían amenazado y obligado a las víctimas a recibir un sobre que contenía un teléfono celular con una llamada en curso; al atenderla, la voz de un hombre se identificó como integrante del grupo delictivo “La Unión”.
Él les exigió un pago de cuatro millones de pesos a cambio de no dañar a su familia. Dentro del sobre también se encontraban fotografías impresas del domicilio, negocios, vehículos y familiares de las víctimas.
En los días siguientes, las víctimas recibieron más mensajes y llamadas intimidatorias. En ese momento, la Fiscalía implementó un operativo táctico de entrega vigilada, que se llevó a cabo el 16 de junio de 2026, día en que estaba prevista la entrega del dinero exigido.
Durante el operativo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron en flagrancia al adolescente con un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.
En la audiencia realizada el 18 de junio, el agente del Ministerio Público presentó entrevistas, dictámenes periciales en materia de balística y fotografía, así como resultados de las labores de seguimiento técnico e identificación de personas, con los que sustentó la imputación.
Con estos elementos, un juez especializado en justicia para adolescentes dictó la vinculación a proceso por los delitos de extorsión agravada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, impuso la medida cautelar de internamiento preventivo y fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.