El sistema de justicia penal en México enfrenta una crisis histórica. Por primera vez, el país rompió la barrera de las 100 mil personas encarceladas sin una condena firme.
Según datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, 102 mil 053 ciudadanos están presos bajo prisión preventiva.
Esta cifra representa el 40.4% de la población carcelaria total.Significa que 4 de cada 10 internos permanecen tras las rejas bajo una presunción de culpabilidad, impulsada por estrategias punitivas y la ampliación del catálogo de delitos de prisión automática.
Detrás de las estadísticas institucionales existen miles de historias de personas que claman su libertad desde las celdas, denunciando la fabricación de pruebas, tortura y violaciones sistemáticas al debido proceso.
Destacan casos emblemáticos como el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron 17 años en prisión esperando una sentencia por una acusación de homicidio que jamás se sostuvo.
Tras casi dos décadas de limbo jurídico, terminaron completamente absueltos. Su caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una sentencia histórica condenando al Estado mexicano por el uso abusivo de la prisión preventiva oficial.
Pese a este revés internacional, dichas prácticas se siguen repitiendo en los tribunales del país.
El colectivo “No Más Presos Inocentes” ha denunciado casos actuales, como la situación de Víctor Hugo Romero Domínguez, imputado bajo la causa penal 15/2026 por el delito de feminicidio en el penal de Chiconautla, Ecatepec.
Su familia señala un “efecto corruptor” en el proceso: tras ser detenido en enero de 2025, Romero fue presuntamente incomunicado y trasladado de forma clandestina por diversas fiscalías durante cinco días, rebasando el límite constitucional de 48 horas.
Durante ese periodo de retención ilegal, se le habrían fabricado carpetas por cohecho y delitos contra la salud para prolongar su captura de manera artificial.
La defensa técnica apunta a contradicciones científicas de gravedad: Una primera necropsia realizada el día del deceso dictaminó que la causa de muerte de su pareja fue suicidio.
Sin embargo, dos días después, bajo una fuerte presión de colectivos y grupos de choque dentro de la fiscalía, las autoridades ordenaron una segunda necropsia en un cuerpo ya manipulado y en estado de putrefacción, modificando el diagnóstico a feminicidio para cuadrar la acusación.
De acuerdo con el colectivo, la urgencia política por mostrar resultados inmediatos provocan que las fiscalías prioricen cerrar casos rápido mediante investigaciones deficientes.
Datos de la ENPOL de INEGI revelan que el 49% de los detenidos reporta violencia física o psicológica al momento del arresto para forzar confesiones, mientras que el 64% debe depender de defensores públicos saturados.