Desde el Congreso de la Ciudad de México se solicitó a la Secretaría de la Contraloría General y a la Fiscalía General de Justicia capitalina investigar posibles irregularidades en la contratación de obras, bienes y servicios de la alcaldía Azcapotzalco, encabezada por Nancy Marlene Núñez Reséndiz.
La petición deriva de información obtenida de registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con la cual entre 2025 y el primer trimestre de 2026 la demarcación habría realizado 571 adjudicaciones directas por un monto superior a 534 millones de pesos.
Tan sólo durante 2025, 358 de los 462 contratos registrados fueron otorgados mediante adjudicación directa, mientras que en el primer trimestre de 2026 se habrían realizado 108 adjudicaciones directas de un total de 109 contratos.
Ante estas cifras, la bancada del PAN planteó la necesidad de que las autoridades competentes revisen el ejercicio de los recursos públicos y determinen si en los procesos de contratación se presentaron posibles violaciones a la normatividad, actos de corrupción o beneficios indebidos a particulares.
La preocupación radica en que el uso recurrente de adjudicaciones directas puede reducir la competencia entre proveedores y limitar la posibilidad de comparar condiciones de precio, calidad y experiencia.
A ello se suman señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con permisos de construcción en la demarcación, por lo que también se pidió determinar si existe un posible patrón de opacidad en la actuación de la administración de Azcapotzalco.
Entre los casos mencionados se encuentra el de Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM ENR, empresa que presuntamente obtuvo cuatro contratos entre 2025 y 2026 para servicios relacionados con el arrendamiento de vehículos destinados a labores de seguridad.
Según lo señalado, tres de esos contratos habrían sido otorgados mediante adjudicación directa y uno por invitación restringida, con un monto conjunto reportado en alrededor de 9 millones de pesos.
Asimismo, se indicó que la empresa habría aparecido con estatus cancelado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) desde diciembre de 2025.
Por lo que piden que dicha situación, así como la legalidad y condiciones en que fueron otorgados los contratos, sea esclarecida por las autoridades correspondientes.
Desde el Congreso capitalino se enfatizó que la solicitud de investigación no implica prejuzgar sobre la actuación de funcionarios o empresas, sino determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
Por ello, la bancada del PAN exigió que los recursos públicos de la demarcación sean ejercidos con transparencia y bajo los principios de legalidad, competencia y rendición de cuentas.