
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sumó a personal para fortalecer la estrategia en combate al delito de despojo, sin embargo, cada mes, 63 agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación deben de indagar, analizar y resolver más de 350 carpetas de investigación por el delito de despojo, así como por otro delitos que se denuncian en la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU).
Aunque la fiscal capitalina prometió apresurar los aseguramientos y judicializaciones con el fortalecimiento del equipo con más Ministerios Públicos, Policías de Investigación y dar atención a todos los casos, al 22 de septiembre del 2026 se contrataron 12 MP y 18 PDI para la indagación de denuncias de despojo.
De acuerdo con el Portal de Transparencia de la Fiscalía capitalina, en su última actualización, hasta el 30 de junio del 2026, en la FIDAMPU están adscritos 18 agentes de la Policía de Investigación —- recolectan evidencias científicas, técnicas y entrevistas a testigos en el lugar de los hechos, ejecutan los actos de investigación que instruyan los fiscales y jueces y comprueban si la información sobre un posible delito es real y avisa de inmediato al Ministerio Público — y 46 agentes del Ministerio Público, de los cuales 19 son Auxiliar A — de categoría básica que asisten en la integración, manejo y desahogo de las carpetas de investigación y apoyan en la realización de actos de investigación y la redacción de documentos legales —.
Siete son supervisores — vigilan, coordinan y evalúan el trabajo de otros agentes del Ministerio Público en las fiscalías o agencias —. Once son Ministerios Públicos titular A — de categoría intermedia —. Dos están catalogados como agentes del Ministerio Público.
En la matrícula de la FIDAMPU laboran seis oficiales secretarios de Ministerio Público — da fe pública de las actuaciones y legalidad de los actos practicados dentro de una investigación o carpeta —.
De los agentes de la PDI, uno es jefe de grupo; y también está adscrito un perito técnico A.
No obstante, estos 85 servidores públicos deben de resolver las más dos mil 676 carpetas de investigación por despojo acumuladas de enero a agosto del 2026, sumado a las 742 denuncias por otros crímenes como robo de animales, maltrato animal, tala, fraude, delitos ambientales, entre otros.
Aún cuando la FGJCDMX anunció que del cinco de agosto al 15 de septiembre del 2026 se judicializaron 37 casos recientes de despojo (sin especificar el lapso de tiempo), esto representa el 10.4 por ciento de las denuncias de agosto, cuando se abrieron 356 carpetas.
De inmuebles asegurados, el personal únicamente ha asegurado el 5.6 por ciento al equivalente a las denuncias de agosto y el 0.75 de las dos mil 676 que se han abierto en el 2026.
En cuanto a propiedades recuperadas, las autoridades anunciaron un total de 55 de casos recientes, equiparables al 2.06 por ciento de las denuncias acumuladas en el 2026 y 15.5 por ciento de las querellas de agosto.
Con todo y que la Fiscalía prometió la incorporación de 20 MP y PDI próximamente, equivaldría a que 93 personas tendrían que resolver en promedio 350 carpetas de investigación que llegan mensualmente, más las acumuladas y las de otros delitos que se indagan en la FIDAMPU.
A pesar de que las autoridades han intentado acelerar el aseguramiento y la devolución de inmuebles, para los PDI y demás servidores públicos, este proceso jurídico es lento debido a las pocas herramientas legales con las que cuentan las autoridades para desalojar invasores.
Narran que la única manera de detener rápidamente a los invasores es infraganti, sin embargo, una vez que los presuntos criminales ocuparon casas, terrenos y propiedades, no es posible sacarlos de inmediato, ya que se violaría su derecho a la propiedad.
“La apatía del Ministerio Público y la corrupción dejaron que este problema creciera en la ciudad. El Ministerio Público le ve signos de pesos a las denuncias por despojo; como marca el protocolo y la investigación, se asegura el inmueble y a quien le ofrezca más dinero es a quien le da el predio, entonces se volvió una manera legal de avalar la propiedad y la posesión del predio”.
“Si alguien se mete a una casa y si tiene amañado al MP se hace la denuncia y a él le voy a exhibir mis títulos de propiedad, contratos de compraventa y todo lo que sea necesario, entonces va a darme la fe, no me va a dar papeles de posesión, pero el predio me lo va a restituir”.
“Eso pasó mucho en Tláhuac, los MP vieron una forma de financiarse, son predios grandes con valor superior a los tres y cuatro millones de pesos y llegaban a cobrar hasta 20 por ciento del valor de inmueble por una sola diligencia de aseguramiento, lo que permitió que los grupos (delincuenciales) crecieran porque le empezaron a dar dinero al MP”, narró a Crónica un agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina.
De los despojos y otros delitos en Tláhuac tomó el mando Agustín “N”, alias “El Escorpión”, líder de una facción del “Cartel de Tláhuac”, tras la captura de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos” y su ejecución en 2017.
“El Escorpión” dirige la compra venta y distribución de droga, despojo, robo de vehículo, acopio de armas, posesión de animales exóticos y falsificación de billetes.
“Otro de los problemas es que para los MP que quisieran trabajar, el delito de despojo no estaba dentro de la alta prioridad para la Fiscalía como los homicidios, lesiones por arma de fuego y robo a casa habitación y el despojo se trabajaba en FIDAMPU pero a su ritmo, entonces dejaron de trabajarlo y los únicos que los manejaban eran los MP corruptos, que son muchísimos”, concluyó el agente.