La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso establecer en la ley plazos obligatorios para la elaboración y aprobación de los instrumentos de planeación capitalinos, con el objetivo de evitar que sus procesos se prolonguen indefinidamente.
La diputada promovente, Olivia Garza, también presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, planteó que, una vez que los proyectos sean aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, deberán ser enviados a la jefatura de Gobierno y publicados en la Gaceta Oficial en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Detalló que posteriormente, los proyectos deberán permanecer en un periodo de difusión de al menos 30 días antes de iniciar la consulta ciudadana.
La propuesta establece que dicha consulta, mediante foros y recepción de propuestas, deberá durar como mínimo cuatro meses, a fin de que la población tenga tiempo suficiente para conocer los proyectos y presentar observaciones.
Una vez concluida esta etapa, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva tendría un plazo máximo de tres meses para analizar y sistematizar las propuestas, realizar las modificaciones correspondientes y entregar el proyecto a la Jefatura de Gobierno para su remisión al Congreso capitalino.
Garza señaló que actualmente la legislación establece las etapas generales para la formulación del Programa General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), pero no fija tiempos específicos para cada fase.
De acuerdo con la legisladora, esta falta de plazos permite que los calendarios sean definidos o modificados por las distintas administraciones.
“Los procesos para construir los instrumentos que definirán el futuro de la Ciudad no pueden eternizarse ni depender del calendario que decida cada Gobierno. Debemos tener reglas y plazos establecidos en la ley”, sostuvo.
La panista resumió los tiempos que propone en cuatro etapas: cinco días para publicar los proyectos, al menos 30 días para su difusión, cuatro meses como mínimo para la consulta ciudadana y tres meses como máximo para sistematizar las propuestas.
Garza afirmó que la intención es establecer reglas que sean aplicables tanto a la actual administración como a los gobiernos posteriores, para evitar que la planeación de la Ciudad de México quede sujeta a procesos sin una fecha definida de conclusión.