La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició las auditorías integrales a los recursos del gasto federalizado correspondientes a la Cuenta Pública 2025 en las alcaldías de la Ciudad de México, con un esquema que, de acuerdo con el titular del organismo, permitirá revisar prácticamente el 100 por ciento del gasto municipal.
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, explicó que el nuevo modelo de fiscalización se apoya en la colaboración con las auditorías estatales y en herramientas tecnológicas para ampliar la cobertura de las revisiones.
A nivel nacional, dijo, la ASF tiene una cobertura directa de alrededor de mil 240 municipios y, mediante convenios con los órganos estatales de fiscalización, alcanza una cobertura aún mayor.
En el caso de la capital, los recursos involucrados en las revisiones forman parte de un universo de gasto que supera los 300 mil millones de pesos, mientras que la jefa de Gobierno, Clara Brugada señaló que alrededor de 152 mil millones de pesos corresponden a participaciones y aportaciones federales destinadas a la Ciudad de México y sus alcaldías.
Las auditorías corresponden a la Cuenta Pública 2025 y buscan determinar cómo fueron ejercidos los recursos públicos, desde su aplicación y comprobación hasta la entrega de resultados.
Aureliano Hernández explicó que el levantamiento del acta administrativa marca el inicio formal de un proceso que concluye con la información que se proporciona a la Cámara de Diputados y, finalmente, a la ciudadanía.
El funcionario advirtió además que las auditorías en la Ciudad de México serán realizadas con tiempos reducidos, debido a que se trata de las últimas aperturas del proceso correspondiente.
Algunos resultados serán entregados el 30 de octubre, mientras que el informe final está previsto para febrero. Para agilizar el trabajo, la ASF utilizará nuevas tecnologías, bases de datos, cruces de información y acceso a sistemas.
Tecnología y coordinación para anticipar irregularidades
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Javier Octavio Herrera Borunda, sostuvo que las recientes reformas legales permiten una coordinación más estrecha entre la fiscalización federal y los órganos estatales.
El legislador explicó que el modelo busca pasar de una fiscalización reactiva a una proactiva, mediante el uso de herramientas de big data y la interoperabilidad de información.
La ASF cuenta con convenios e intercambio de información con instituciones como el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria, además de información sobre contrataciones públicas.
Herrera Borunda planteó que la Ciudad de México debe actualizar su legislación de fiscalización para incorporar plenamente estas herramientas tecnológicas. Recordó que la ley local data de 2014 y tuvo reformas en 2018, por lo que consideró necesario armonizarla con los cambios recientes al sistema nacional de fiscalización.
Por su parte, el auditor superior de la Ciudad de México, Edwin Meraz Ángeles, destacó que la coordinación entre las instituciones fiscalizadoras permite ampliar el alcance de las revisiones, intercambiar información y evitar duplicidades. Señaló que este esquema quedó respaldado normativamente con la reforma publicada el 14 de mayo.
Edwin Meraz afirmó que las alcaldías tendrán acompañamiento de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para presentar información y aclaraciones bajo criterios técnicos, procedimientos establecidos e imparcialidad.
Clara Brugada aseguró que su administración mantiene una política de “cero tolerancia” a la corrupción y al desvío de recursos públicos. Señaló que cada peso federal y cada peso recaudado mediante impuestos debe traducirse en obras y bienestar para la población.
Las prioridades que mencionó son la recuperación de espacios públicos, la recolección de basura, el alumbrado y la atención de baches.
La mandataria también sostuvo que la fiscalización externa e independiente fortalece a los gobiernos y que la transparencia es un derecho de la ciudadanía. En ese contexto, reiteró el compromiso de su administración con la revisión de los recursos públicos.
El arranque de las auditorías reunió a autoridades federales y locales, alcaldesas y alcaldes, legisladores y responsables de los órganos internos de control.
Para los participantes, el objetivo central es que la fiscalización no se limite a detectar irregularidades, sino que permita conocer con mayor rapidez y precisión cómo se utilizan los recursos públicos y qué resultados generan para la población.