La elección judicial prevista para 2028 en la Ciudad de México requerirá reglas claras para garantizar la paridad de género, cubrir las vacantes en juzgados y magistraturas y verificar los requisitos de elegibilidad de las personas candidatas, planteó Sonia Pérez Pérez, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En el foro La elección judicial en la Ciudad de México: una perspectiva desde el género, los derechos humanos y la innovación democrática, realizado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), la consejera consideró necesario que la convocatoria precise cuáles cargos serán disputados por mujeres y cuáles por hombres, a fin de dar certeza a las personas participantes y evitar controversias en la asignación de los puestos.

Al participar en la mesa sobre las experiencias y criterios del proceso electoral judicial extraordinario de 2025, en la que también estuvieron la magistrada Laura Patricia Jiménez Castillo y el asesor legislativo Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Pérez Pérez señaló que la reciente reforma incorpora nuevas disposiciones de paridad en las postulaciones.

Recordó que, durante la elección judicial de 2025 en la capital, la convocatoria identificó las vacantes que serían competidas por mujeres y aquellas reservadas para hombres. De acuerdo con la consejera, este mecanismo permitió establecer con anticipación las condiciones de participación y determinar a las personas ganadoras conforme a la votación.

Por ello, consideró conveniente mantener ese criterio en los próximos comicios, con el propósito de reducir las diferencias de interpretación sobre la asignación de cargos y evitar que las controversias deriven en procesos judiciales.

“Es necesario seguir con la inercia de establecer claridad de cuáles son los cargos que van a ser competidos por hombres, y cuáles los que van a ser competidos por mujeres”, expresó.

Otro de los asuntos que señaló fue el mecanismo para cubrir las vacantes de magistraturas y juzgados. Explicó que, en el proceso de 2025, las personas que seguían en el orden de votación podían acceder al cargo cuando se generaba una vacante; sin embargo, con la nueva regulación, el puesto deberá someterse nuevamente a elección.

La consejera advirtió que este cambio podría ocasionar que algunas plazas permanezcan temporalmente sin una persona titular electa, incluso cuando la vacante se produzca poco después de que quien obtuvo el triunfo asuma el cargo.

También recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha conocido controversias relacionadas con la aplicación del esquema anterior de sustituciones tras las reformas constitucionales.

En materia de elegibilidad, propuso definir normativamente el procedimiento para comprobar que las personas electas cumplan con los requisitos conocidos como la “8 de 8”, que contempla supuestos que impiden acceder a determinados cargos públicos.

Señaló que, durante la elección judicial de 2025, el IECM solicitó información a distintas autoridades antes de entregar las constancias de mayoría, con el objetivo de verificar que las personas ganadoras no estuvieran comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en la normativa.

La consejera consideró necesario que las reglas para esta revisión estén definidas con anticipación, garanticen el derecho de audiencia de las personas involucradas y permitan a quienes participen conocer los criterios aplicables antes de la elección.