Tras los casos de envenenamiento de perros registrados en distintos puntos de la Ciudad de México, el Partido Verde en el Congreso local presentó una iniciativa para prohibir la colocación de cebos tóxicos expuestos en espacios públicos bajo el argumento del control de plagas.
La propuesta, de la diputada Rebeca Peralta, busca establecer que los productos utilizados para combatir roedores se coloquen en compartimientos especiales que impidan el acceso de perros, gatos, niñas y niños, con el propósito de evitar nuevos casos de intoxicación en parques, calles y áreas comunes.
La legisladora señaló que la iniciativa responde a los hechos reportados recientemente en los parques México y España, así como en Xochimilco, donde perros han muerto presuntamente tras ingerir sustancias tóxicas colocadas en espacios públicos.
“No podemos permitir que alguien coloque veneno en un parque o en la calle y después pretenda justificarlo diciendo que estaba combatiendo una plaga. El control sanitario no puede ser utilizado como pretexto para envenenar animales de compañía”, sostuvo.
La reforma plantea adicionar cuatro párrafos al artículo 54 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales local, entre sus disposiciones contempla que quienes realicen actividades de control de plagas notifiquen previamente a la autoridad competente la ubicación donde se colocarán los productos, el periodo de aplicación, las sustancias utilizadas, sus concentraciones y las medidas de seguridad.
Peralta aclaró que la iniciativa no busca impedir las acciones para controlar roedores, sino establecer condiciones para evitar que los productos tóxicos queden al alcance de animales de compañía y personas.
“No estamos proponiendo prohibir el control de plagas, sino establecer reglas para que se realice sin poner en riesgo a los animales de compañía ni a las personas. Queremos prevenir nuevos envenenamientos, no solamente castigar a los responsables cuando el daño ya está hecho”, afirmó.
La diputada precisó que la propuesta no contempla incrementar las sanciones por maltrato animal ni generar gastos adicionales, pues las nuevas disposiciones se aplicarían mediante los recursos y las capacidades de verificación existentes.