“No pueden estar aquí, retírense en este momento, no tienen permiso”, les dice Martín Granados y Jesús Bernal, supervisores de vialidad de la alcaldía Azcapotzalco a los vendedores ambulantes del parque Revolución. Sin embargo, un grupo de 18 marchantes del mismo sitio no fueron retirados, pues aseguran que tienen un pacto económico con las autoridades mencionadas; “nosotros tenemos un acuerdo con Martín y su grupo, váyanse, este es nuestro parque, los permisos los damos nosotros y la gente de la alcaldía”, menciona una vendedora de estambres llamada Dulce María Andrade, quien asegura estar coludida con el Gobierno de la alcaldesa Margarita Saldaña.

Son las cuatro de la tarde en el parque Revolución, ubicado en la Calle Clavelinas de la colonia Nueva Santa María, la verbena en la glorieta comienza; como es costumbre, en los parques públicos existen zonas más transitadas que otras, sin embargo, todo aquel que desee ubicar su puesto enfrente de espacios que son altamente concurridos, debe de negociar con Dulce María y su grupo, aparentemente solapados por Martín Granados y Jesús Bernal. Ningún vendedor en el lugar tiene permiso para comerciar, ya que a pensar de varias solicitudes, visitas e insistencias a la alcaldía norteña para que legalmente se establezca un documento que les permita vender, la encargada de subdirección de espacios públicos, Teresa Pérez, se niega a legalizar el comercio en la zona, pues su único argumento es “váyanse a otro lado, aquí no se da nada”.

No obstante, los funcionarios mencionados han retirado y arrestado junto a elementos policiacos, a los locatarios que se niegan a pagar una cuota de 300 pesos a líderes que aparentemente están coludidos con la alcaldía Azcapotzalco

Alcaldía permitió que "Los 18" se apoderaran del parque

Vendedores de artículos de papelería, muñecos de peluche, productos naturales y bisutería son retirados por esta mujer y otros dos hombres que la acompañan, quienes bajo el único criterio de: “es nuestro parque, el pacto lo hicimos con Martín, váyanse de aquí o los levantamos”, amedrentan a personas jóvenes o adultos mayores que intentan ganar algunos pesos con sus pequeños negocios.

Dulce María permanece en una de las bancas del parque, rodeada por los comerciantes que presumen de su pacto con Saldaña; momentos después, tres mujeres jóvenes instalan una pequeña mesa con joyería de fantasía; inmediatamente, la líder y sus aliados rodean a las vendedoras y les dicen: “las vamos a levantar, fuera de aquí, ustedes no tienen pacto con Martín”; muy asustadas, las regañadas deciden marcharse. En otro lado del parque, una mujer de la tercera edad que fabrica bolsas de piel coloca su puesto, sin embargo, tardó más en poner su mantel que en retirarlo cuando fue amedrentada por quienes se nombran como dueños del área.

Confundida y desconcertada, la mujer decide tomar su mercancía y marcharse, mientras camina para cruzar la calle, continúa siendo blanco de amenazas: “si no tienes pacto con Martín no regreses”. Aunque en esta ocasión, Andrade acusa a Reyna Sanabria, una de las comerciantes que no están afiliadas a ella, de ser la encargada de otorgar los lugares de venta para todos los que no son del grupo de “Los 18”; sin embargo, la señalada niega que cuente con esa autoridad, pues afirma que esas acusaciones son debido a que se ha negado a incorporarse al pacto de Dulce María con la alcaldía.

Como alternativa, los comerciantes solicitaron que la coordinadora de permisos, Teresa Pérez, cobre en la tesorería de la demarcación los permisos para la venta de mercancía en el parque Revolución, aunque esta autoridad reclama que es imposible que en Azcapotzalco se atienda a esa petición, hecho que no predica con la ideología de la alcaldía y su eslogan “¡Siente el cambio!”, ya que desde en tiempo de campaña, Saldaña prometió acoger a los comerciantes populares.

Encargada de espacios públicos acumula denuncias por despojo

En suma, la encargada de espacios públicos acumula varias denuncias en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos por hostigamiento y represión, como la impuesta por el Partido del Comerciante Popular y no Asalariado, vendedores que en el año 2022 acusaron a Saldaña y a sus trabajadores de pasar por su “diezmo”. Cuando los locatarios se negaron a darlo, los despojaron de sus pertenencias y les negaron ocupar el espacio que habían ocupado por más de seis años.

Son las seis de la tarde, los vendedores que Dulce Andrade corrió se fueron por miedo, aunque como medida de protección, ella corre de un lado a otro mientras grita: “¡Le voy a marcar a Martín para que venga y los saque, es mi parque! Si quiero quitarlos lo puedo hacer. Tenemos una lista de 18 personas que tiene permiso, en el miércoles ciudadano se las enseño”; al mismo tiempo en el que simula que habla por teléfono. De inmediato, la mujer les dice a los vendedores que en un momento llegará su líder (de nombre desconocido) y les dirá lo que procede en su contra.

Cuotas ilegales de 300 pesos

Varios locatarios se acercan con este medio de comunicación, asustados y sin alguna posibilidad de generar ingresos, argumentan que la cuota que Andrade y sus aliados solicitan a “Los 18 comerciantes” y a quien se quiera afiliar a cambio de que no los “levanten”, es excesiva, por lo que se niegan a pagarla por estar fuera de la Ley.

“Jorge (uno de los 18) me ofreció que el dirigente nos cobra 300 pesos por ponernos y se somete a votación entre los 18 para dejarte entrar al círculo; yo nunca le dije que sí, es ilegal, te lo cobran depende si te pones en fin de semana o diario”, declaró una de las vendedoras.

Horas después, Martín Granados y otro supervisor, Carlos Galván arribaron al parque, con la orden de que todos los comerciantes, excepto los 18 y aliados, tenían que retirarse, sumado a que esas autoridades realizaron acusaciones sin sustento hacia Reyna Sanabria, al señalarla de otorgar ilegalmente permisos y regentear plazas y locales en el parque Revolución.

Respecto a la acusación, la señalada argumentó que no posee ninguna autoridad para autorizar el comercio en el territorio, además de que no existe alguna evidencia que compruebe que usurpó funciones exclusivas de los servidores públicos. De acuerdo con Reyna, es la manera de desquitarse por no mantener acuerdos con "los 18" y los gobernantes de Azcapotzalco.

Los funcionarios son cuestionados acerca de por qué "los 18" no son retirados, a lo que responden que tampoco tienen permiso, aunque hacia ellos no existe sanción o intento de retiro, pues cuando los demás son advertidos de que cometen actos ilegales, Andrade y sus aliados permanecen en el lugar.

Además, las autoridades señalan que los vecinos de Nueva Santa María han presentado varias quejas en contra del comercio en el parque, aunque por el contrario, los habitantes han firmado varios documentos en los que están a favor de la verbena popular, ya que según ellos, el flujo de gente y tránsito ha reducido la incidencia delictiva.

Ley dice que los servidores no pueden asegurar pertenencias de locatarios

Sin embargo, los afectados denuncian que no es la primera vez que los servidores públicos amedrentan a los que se han resistido a pagar las cuotas ilegales, pues en videos difundidos desde marzo del 2023, se observa a trabajadores de Saldaña y a elementos judiciales decomisar enceres de varios vendedores sin autorización previa, hecho que viola el Artículo 54 del Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, el cual señala que: "Los inspectores de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, los de las Delegaciones y los Agentes de Policía en ningún caso podrán recoger los utensilios o instrumentos de trabajo, a los no asalariados".

A pesar de la violación de reglamentos y presuntos nexos de comerciantes que extorsionan a los que no pagan cuotas, "Los 18" se apoderan del parque público, en donde a causa del empoderamiento que reciben de sus aliados de la alcaldía, colocaron cajas como barrera, para que ningún comerciante se coloque en su "propiedad".

"Cuando el grupo de los 18 te rodea, no puedes decirles nada, no me dejaron poner mi mesa, estoy aquí por necesidad y para vender mis productos, después me siguieron amenazando hasta que me quitaron, si creces en tu negocio, les molesta y te quitan, solamente queremos vender por llevarnos un taco a la boca", relató un comerciante.

Mientras continúa el diálogo entre las autoridades y comerciantes, Reyna continúa siendo objeto de señalamientos que la podrían llevar a un proceso penal, aunque no existan pruebas contundentes en su contra. Ella argumenta que su "error" fue haber solicitado un permiso legal para comercializar, proceso que presuntamente no resulta el más adecuado para los funcionarios de Azcapotzalco.