En noviembre de 2013, el secretario de Estado de EU, John Kerry, en nombre del presidente Barack Obama, proclamó durante la cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Guatemala, que la “Doctrina Monroe está muerta”. El pasado abril, el secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, dijo a Fox News en alusión a la amenaza de Donald Trump de recuperar el canal de Panamá: “Vamos a intervenir en nuestro patio trasero para interrumpir la influencia china allí”.
En tan solo doce años, el gobierno estadounidense ha pasado de decir, en palabras de Kerry, que “comenzaba una era en la que los países americanos se verían como iguales, compartiendo responsabilidades y adhiriéndose ya no a una doctrina intervencionista de EU, sino a decisiones tomadas conjuntamente”, a regresar al papel de policía regional, como señaló Carlos Gustavo Poggio, profesor de Ciencias Políticas en el Berea College de Kentucky y de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.
En entrevista a la BBC a finales de mayo, Poggio resumió la resurrección de la Doctrina Monroe con la siguiente reflexión: “Ellos dicen: ‘Miren, ustedes los latinoamericanos necesitan aprender a comportarse. Hay muchas revoluciones, mucho caos allí, y nosotros, los anglosajones, necesitamos ponerles orden”.
“Esta visión está muy presente en la actual administración de Trump”, declaró el autor del libro “El pensamiento neoconservador en la política exterior de Estados Unidos”, quien concluyó la entrevista asegurando que la Doctrina Monroe —firmada en 1823 por el presidente James Monroe, para intervenir en América Latina e impedir que otras potencias extranjeras lo hicieran— “nunca ha estado tan viva”.
Apenas dos meses después, los peores presagios de Poggio se han confirmado a una velocidad preocupante.
México:
El pasado viernes, 8 de agosto, The New York Times llevó a su portada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en secreto al Pentágono prepararse para combatir directamente a los cárteles del narcotráfico más allá de sus fronteras. Ese mismo día, el propio mandatario republicano confirmó la noticia y la defendió, alegando que la necesidad de “proteger” a su país.
“América Latina tiene muchos carteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”, respondió a los periodistas en la Casa Blanca después de que le preguntaran sobre este posible movimiento, una internacionalización bélica inédita desde que Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas (“War on drugs”), en 1971.
Aunque no mencionó directamente a ningún cártel en concreto ni a ningún país, todo el mundo giró sus ojos hacia México y Venezuela, por razones obvias: seis de los nueve cárteles que Trump declaró como organizaciones terroristas extranjeras son mexicanas y dos son venezolanas. Se trata de los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, del Golfo y del Noreste; a los que metió en la lista negra la salvadoreña Mara Salvatrucha y las venezolanas Tren de Aragua y Los Soles, que según Washington, , está liderado directamente por el presidente Nicolás Maduro, algo que niega Caracas.
La Cancillería mexicana emitió el mismo viernes un comunicado en el que avisó que el gobierno de Claudia Sheinbaum, que sí autorizó los vuelos de reconocimiento de los drones de posibles laboratorios del narco, con la condición de no abrir fuego, “no aceptará la participación de fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio”.
En un intento de rebajar el malestar, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, matizó que “no se trata de que los Estados Unidos actúen solos. Se trata de construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a nuestros ciudadanos, desmantelar las redes de los cárteles y asegurar que las únicas personas que deban temer por su futuro sean aquellas que lucran con el asesinato, la adicción y el caos”. En ningún momento incluyó las armerías estadounidenses que se lucran vendiendo armas de alto poder letal a los cárteles.
El comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sí que recordó el detalle que pasó por alto el embajador, al señalar que “cada quien debe trabajar en su país, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas”.
Venezuela:
El pasado jueves, un día antes de que se conociera la orden de Trump al Pentágono para que se prepare para atacar los cárteles, la fiscal general de EU, Pam Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Bondi compartió en sus redes sociales un video en el que describe esta recompensa como “histórica” y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
“Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”, indicó.
Además, la fiscal estadounidense anunció que hasta la fecha, “la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios”, con casi siete toneladas vinculadas al mandatario venezolano, “lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México”.
Bondi también reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.
“Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes”, concluye en su mensaje la fiscal general.
Ya el 27 de julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Maduro de ser “el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles” y “responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.
En 2022, el gobierno de Joe Biden liberó a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, en un polémico intercambio que permitió la liberación de siete estadounidenses. Ambos fueron arrestados en Haití en 2015 durante una operación encubierta de la DEA y trasladados a EU para enfrentar juicio.Fueron condenados por conspirar para traficar cocaína hacia territorio estadounidense.
La decisión de Trump de poner a Maduro en un cartel de recompensa ha puesto en alerta máxima a las autoridades venezolanas, ante el temor que el líder chavista acabe como el líder panameño Manuel Noriega, quien languideció 22 años en la cárcel, tras la invasión de Panamá, ordenada por el presidente Ronald Reagan en 1990, y su arresto y traslado a EU, donde fue condenado por narcotraficante.
Brasil:
De momento, el gigante sudamericano es el que más ha sufrido los castigos arancelarios de Trump en la región y no ha sido por una disputa comercial, sino por puro chantaje político: para forzar al Tribunal Supremo brasileño a que paralice definitivamente el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, por incitar a un golpe de Estado e incluso a un intento de asesinato al presidente izquierdista Lula da Silva.
Trump anunció sanciones comerciales contra Brasil el 30 de julio de 2025, mediante un decreto que elevó los aranceles a ciertos productos brasileños del 10% al 50%, el más alto impuesto por EU, sólo igualado por el impuesto a India (socio comercial de Brasil en el bloque Brics).
El intento de Lula, antes de que acabará el ultimátum de hacer entrar en razón al gobierno de EU y recordarle que Brasil es un país soberano y democrático, y que el poder Judicial es independiente, fracasaron. El 6 de agosto entraron en vigor los aranceles, ante la alegría de los seguidores de Bolsonaro, que culpan a Lula del daño económico que harán los aranceles a la economía nacional.
La injerencia estadounidense en asuntos internos brasileños se extendió al juez que investiga a Bolsonaro, Alexandre de Moraes, a quien se le ha congelado todos sus bienes en EU, alegando que constituye una amenaza a la seguridad nacional”, por dos motivos: por investigar a Bolsonaro y por perseguir judicialmente a plataformas estadounidenses como X, por difundir precisamente bulos golpistas e incitar a la rebelión antidemocrática.