Colombia vivió una de sus jornadas más violentas en lo que va del año, tras dos atentados simultáneos que dejaron alrededor de 18 muertos y más de 70 heridos, la mayoría civiles.
El primero ocurrió en una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia, donde un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue derribado durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos, causando la muerte de doce uniformados.
Horas más tarde, la ciudad de Cali fue sacudida por la explosión de un camión bomba cargado con cilindros explosivos, detonado frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.
El ataque dejó seis muertos, entre ellos un menor y más de 65 heridos, además de cuantiosos daños en una transitada avenida comercial. Otro vehículo cargado con explosivos no alcanzó a detonar y quedó abandonado en el lugar.
Las autoridades confirmaron la captura de dos sospechosos, entre ellos un hombre identificado como alias Sebastián, señalado de pertenecer al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC. Según el presidente Gustavo Petro, el EMC, junto con la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, integran una “Junta del Narcotráfico” que opera en coordinación con mafias internacionales de México, Albania e Italia.
Petro aseguró que estos atentados responden a los recientes golpes de la Fuerza Pública en el Cañón del Micay, en el Cauca, donde se concentra buena parte de la producción y tráfico de cocaína.
Aunque sectores políticos reclamaron decretar el estado de conmoción interior, el mandatario descartó la medida y adelantó que expedirá decretos para endurecer la lucha contra el narcotráfico y bloquear las rutas de exportación de droga hacia el Pacífico.
La vicepresidenta Francia Márquez calificó los hechos como “cobardes y criminales”, mientras la Defensoría del Pueblo recordó que tanto Amalfi como Cali ya estaban bajo alerta por la presencia de grupos armados ilegales. Expresidentes como Juan Manuel Santos e Iván Duque coincidieron en exigir una política de seguridad más contundente y un liderazgo claro para enfrentar a los violentos.
El impacto de los ataques trascendió fronteras; gobiernos como los de Perú, Francia y Uruguay expresaron su repudio, condenando “con la mayor firmeza” la violencia y enviando mensajes de solidaridad al pueblo colombiano.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia también denunció el “ataque indiscriminado” en Cali y pidió garantizar justicia para las víctimas.
(Con información de EFE)