Las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia advirtieron este viernes sobre una creciente crisis humanitaria en la región debido al aumento de la migración inversa. En lo que va de 2025, más de 14.000 personas han sido retornadas desde Estados Unidos y México, en contraste con una disminución del 97 % en el tránsito hacia el norte por la selva del Darién.
El informe conjunto, presentado en Bogotá con el apoyo de Naciones Unidas, señala que las principales causas de los retornos forzados son los cambios en la política migratoria de Estados Unidos (46 %), la imposibilidad de ingresar a ese país (49 %), la falta de recursos para continuar el viaje (34 %) y la violencia sufrida en tránsito (27 %).
La misión documentó graves violaciones de derechos humanos, entre ellas secuestros, extorsiones y violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas. También alertó sobre el control de la ruta por redes de tráfico de personas que cobran entre 230 y 280 dólares por traslados marítimos inseguros.
Scott Campbell, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, advirtió que los retornos se producen en un contexto de “extrema vulnerabilidad”. Según dijo, la mayoría de los migrantes retornados ya habían sido víctimas de abusos y ahora enfrentan nuevos riesgos como violencia sexual, reclutamiento de menores, tráfico y trata de personas.
De acuerdo con el reporte, el 97 % de los entrevistados son de nacionalidad venezolana. Entre ellos se identificaron perfiles de especial riesgo, como familias numerosas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y menores no acompañados. Los defensores señalaron además que esta población enfrenta un trato diferenciado, con desplazamientos internos, trámites adicionales y demoras prolongadas en la atención de sus solicitudes.
El documento también subraya que, en Costa Rica, aunque el 17 % de los migrantes solicita asilo, el centro de atención en Paso Canoas está “subutilizado”, pese a haber atendido a 1.480 personas. En Panamá, comunidades como Palenque y Miramar concentran familias varadas sin acceso a alimentos ni agua potable. Mientras tanto, en Colombia, los puertos de tránsito de Necoclí y Capurganá se encuentran desbordados y, en la región del Pacífico, la ruta migrante se cruza con la presencia de grupos armados, lo que eleva los riesgos de reclutamiento y explotación.
Andrés Sánchez Thorin, representante regional de ONU Derechos Humanos para América Central, señaló que este flujo de retorno ocurre “en un contexto de desafíos significativos para el goce efectivo de los derechos”, desde la protección internacional hasta el acceso a la justicia. Subrayó además la importancia de las instituciones nacionales de derechos humanos para visibilizar la crisis y pidió reforzar la cooperación regional y el apoyo internacional.
Ante este escenario, las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia pidieron a los tres gobiernos la creación de un plan de acción trinacional que garantice atención humanitaria básica, acceso a refugio, albergues y servicios de salud. También instaron a mantener vigentes los Permisos por Protección Temporal (PPT) para venezolanos en Colombia, como medida de protección esencial.