El Día D para la democracia y la justicia brasileña ha llegado. A partir de este martes, cinco jueces de la Corte Suprema presiden el llamado juicio del siglo, el que debe decidir si el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro lideró una trama golpista para echar del poder al actual presidente, el izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva (y en caso de resistencia asesinarlo).
Los magistrados también deben dirimir si el Bolsonaro y sus compinches incitaron a las turbas bolsonaristas al asalto de las sedes de los tres poderes en Brasilia (Congreso, Supremo y Ejecutivo), ocurrido el 8 de enero de 2023, tan sólo una semana después de que el Lula jurase su tercer mandato.
El juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados, entre antiguos ministros de su gobierno y generales del Ejército, ha polarizado como nunca a la sociedad brasileña y se realiza bajo el chantaje arancelario que impuso Donald Trump a Brasil (un 50%, el más alto del mundo) como medida coercitiva para obligar a las autoridades brasileñas a suspender el juicio contra su aliado ideológico. Desde los años de las dictaduras militares sudamericanas no se había visto tal injerencia de EU en la región.2023.
¿Cargos y cuánto durará el juicio?
La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil ha reservado cinco días para dirimir las responsabilidades de los acusados: los días 2 y 3 de septiembre (este martes y miércoles) y los días 9, 10 y 12 (martes, miércoles y viernes de la semana que viene), cuando quedaría el juicio visto para sentencia. Sin embargo, el máximo tribunal ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el calendario si se presentan nuevas pruebas, alegatos adicionales o recursos legales.
Bolsonaro, que se encuentra en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto por riesgo de fuga, responderá por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido (por corresponsabilidad en los graves daños causados por sus simpatizantes en la sede de los tres poderes democráticos).
¿Quiénes son los principales acusados?
Jair Bolsonaro:
El capitán de la reserva del Ejército (un nostálgico de la dictadura), expresidente ultraderechista entre 2019 y 2022, y líder moral de la extrema derecha cristiana brasileña, está acusado por la Fiscalía de ser el “líder” y “principal articulador” del complot golpista. Según sus indagaciones, Bolsonaro editó borradores de decretos golpistas, presionó a la cúpula militar y hasta avaló un plan para asesinar a Lula da Silva e incluso autoridades militares y judiciales, en caso de que resistieran el golpe contra la democracia.
Bolsonaro reconoció públicamente que estudió medidas excepcionales, como estado de sitio o de defensa, tras perder las elecciones de 2022, pero niega que su intención fuera dar un golpe.
En otra pieza separada, el Supremo está siendo investigado a Bolsonaro y a su hijos por intentar obstruir el juicio al incentivar al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a imponer sancionar a los jueces del Supremo y al país. De hecho, su hijo Eduardo se “autoexilió” en Estados Unidos para presionar directamente al gobierno de Trump para chantajear a Brasil con aranceles.
Mauro Cid:
Teniente coronel y antiguo edecán de Bolsonaro, cuyo testimonio sirvió de base para la investigación.
Anderson Torres:
Fue ministro de Justicia de Bolsonaro y asumió la Secretaría de Seguridad de Brasilia, poco antes del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en el último intento por derrocar a Lula. La Policía encontró en su casa un borrador de decreto presidencial que planteaba una “intervención militar” sobre la Justicia Electoral.
Walter Braga Netto:
En prisión preventiva desde diciembre de 2024, es general de la reserva del Ejército y fue ministro de la Presidencia y de Defensa con Bolsonaro. En las elecciones de 2022, fue su candidato a vicepresidente. Para la Fiscalía, es la mano derecha del entonces presidente participó en reuniones para la ejecución y el financiamiento del plan para asesinar a Lula.
Alexandre Ramagem:
Fue comisario de la Policía Federal y actualmente es diputado. Dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro. Según la Fiscalía, tuvo un “papel importante” a la hora de crear un estado de opinión que pusiera en duda la legitimidad de las elecciones, además de construir un servicio secreto paralelo para monitorear a adversarios políticos.
En su caso, parte de las acusaciones están suspendidas por su condición de aforado como diputado y se retomarán cuando termine su mandato.