La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles analiza declarar un estado de emergencia local en respuesta a las redadas federales contra la inmigración que se han intensificado desde el mes de junio.
La propuesta fue presentada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn y sometida a votación el martes, obteniendo cuatro votos a favor y uno en contra.
El borrador de esta medida se someterá nuevamente a votación el próximo 14 de octubre. Si es aprobado, otorgará a la Junta más facultades para asistir a las personas afectadas por las detenciones y deportaciones que han impactado al condado.
“Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo. Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes”, declaró Horvath en un comunicado difundido tras la sesión.
La medida busca que el condado cuente con herramientas para responder con mayor rapidez a las consecuencias de las operaciones migratorias, entre ellas la contratación inmediata de personal y servicios para atender a las familias afectadas.
También contempla ampliar la asistencia financiera destinada a inmigrantes, además de reforzar los servicios legales que puedan ofrecer defensa ante procesos de deportación.
De aprobarse, esta declaración de emergencia abriría también la posibilidad de aplicar nuevas protecciones para los inquilinos, incluyendo una moratoria de desalojos para quienes hayan perdido sus ingresos a causa de las redadas migratorias.