
La velocidad con la que el gobierno Donald Trump aprobó un fondo de 20 mil millones de dólares para rescatar financieramente a Argentina, y salvar a su aliado Javier Milei de una debacle electoral el pasado domingo, contrasta duramente con su negativa a autorizar el fondo de emergencia de 6,000 millones de dólares para que no se queden sin comer 41 millones de estadounidenses vulnerables, a partir de este sábado.
A partir de este 1 de octubre, cuando se agoten los fondos federales por el cierre del gobierno, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) dejará de repartir comidas, tras negarse el Departamento de Agricultura de EU a hacer uso del fondo de emergencia.
Diez millones de latinos sin comer
En un pronunciamiento conjunto, las asociaciones Voto Latino, UnidosUS y Latino Victory Project condenaron este jueves la negativa de la Administración republicana a recurrir al fondo de emergencia humanitaria, que afectará a diez millones de latinos (un cuarto del total de beneficiarios del programa SNAP).
“Ninguna familia en Estados Unidos debería tener que preguntarse si podrá poner comida en su mesa por un atasco político. SNAP es una línea de vida para cerca de 10 millones de latinos en todo el país, donde ayuda a familias a adquirir productos diarios esenciales, desde fórmula para bebés y fruta, hasta lácteos”, señalaron.
Los estados “latinos”, los más afectados
Los estados con más beneficiarios de SNAP son también los que tienen más población latina en el país: California, Texas, Florida y Nueva York, según la organización Center for Budget and Policy Priorities.
El programa SNAP, también conocido como vales de comida o cupones de alimentos, es uno de los afectados por el cierre del Gobierno, que el sábado cumple su primer mes porque los demócratas exigen a los republicanos que incluyan subsidios para los seguros médicos en el presupuesto.
Demanda de 23 estados
Un grupo de 23 estados, junto al Distrito de Columbia, demandó el martes a la Administración Trump para obligar a mantener el financiamiento en noviembre de la ayuda alimentaria.
El cierre del Gobierno -por la negativa de los congresistas demócratas a firmar el presupuesto republicano, que elimina ayudas a la sanidad pública- “está en camino de convertirse en uno de los más largos en la historia de Estados Unidos” y ya está teniendo un “impacto devastador”, particularmente para las familias de bajos ingresos y comunidades minoritarias que ya estaban lidiando con la inflación de los abarrotes, aseguraron las asociaciones latinas.
“El acceso a la comida no debería usarse nunca como una moneda de cambio en las negociaciones políticas”, sentenciaron. y el cierre del gobierno federal, que ha dejado sin presupuesto a cientos de agencias federales y a millones de funcionarios públicos sin cobrar sus salarios.
Los demandantes sostienen que la suspensión del programa “es contraria a la ley y arbitraria” bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, y aseguran que la decisión está causando un daño irreparable a los estados y a millones de familias vulnerables.
La acción judicial busca que un juez federal obligue al USDA a utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la continuidad de las ayudas.
Entre los estados que presentaron la demanda figuran California, Nueva York, Illinois, Pensilvania, Oregon y Washington, además de otros como Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Nueva Jersey.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, lideró la iniciativa contra lo que consideró este nuevo acto de crueldad de Trump.
El SNAP es uno de los principales programas de asistencia social de Estados Unidos y proporciona subsidios mensuales para la compra de alimentos a familias de bajos ingresos.